La larga disputa entre Apple y Epic Games por las comisiones de la App Store ha entrado en una fase decisiva que va mucho más allá de Fortnite y los videojuegos. Tras más de cinco años de demandas, recursos y sentencias cruzadas, la compañía de Cupertino ha optado por llevar el caso de nuevo al Tribunal Supremo de Estados Unidos para intentar frenar los límites impuestos a su modelo de negocio.
En el centro de la polémica está la comisión del 27% que Apple pretende cobrar por las compras realizadas a través de métodos de pago externos, fuera de la App Store, una cifra que los tribunales consideran incompatible con la orden judicial que obligaba a abrir el ecosistema. Lo que empezó como una pelea entre dos gigantes tecnológicos se ha convertido en un caso de referencia que observan de cerca reguladores y desarrolladores de todo el mundo, también en España y en el resto de Europa.
Cinco años de pulso legal: cómo empezó el choque entre Apple y Epic
La historia arranca en agosto de 2020, cuando Epic Games decide saltarse las normas de la App Store e introduce en Fortnite un sistema de pago propio para comprar V-Bucks sin pasar por el cobro estándar del 30% de Apple. La respuesta fue fulminante: retirada inmediata de Fortnite de la tienda y una demanda de Epic acusando a Apple de prácticas monopolísticas y abuso de posición dominante.
El primer gran hito judicial llegó en septiembre de 2021. Un tribunal federal en el Distrito Norte de California determinó que Apple no era un monopolio en sentido estricto, pero sí apreció conductas anticompetitivas. La jueza ordenó a la compañía permitir que los desarrolladores enlazaran desde sus apps a métodos de pago externos, sin bloquear ni penalizar esos enlaces, una decisión que forma parte de la batalla legal con Apple y Google.
Apple llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que en enero de 2024 se negó a revisarlo, dejando firme la obligación de habilitar los pagos externos. A partir de ahí, la tecnológica se vio forzada a cambiar su política y, sobre el papel, a abrir una puerta que hasta entonces había mantenido completamente cerrada.
Esa puerta, sin embargo, se abrió con trampa: en 2024 Apple activó una comisión del 27% sobre las compras realizadas a través de enlaces externos, rebajada al 12% en el segundo año para ciertos pequeños negocios. El resultado práctico era que muchos desarrolladores seguían afrontando un coste total muy similar al 30% original, una situación que Epic y otros actores del sector interpretaron como un intento de vaciar de contenido la orden judicial.
La tensión subió otro escalón en abril de 2025, cuando un tribunal federal declaró a Apple en desacato civil por esa comisión. En diciembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el desacato, señalando que la tarifa del 27% «tenía un efecto prohibitivo» y hacía inútil la supuesta apertura a pagos alternativos.
La comisión del 27%: cumplir la letra, pero no el espíritu
El nudo de la controversia gira en torno a si Apple puede cobrar una comisión casi equivalente a la de sus pagos internos por compras que se procesan fuera de su sistema. Los jueces han dejado claro que la empresa sí tiene derecho a alguna compensación por el uso de su propiedad intelectual y su infraestructura, pero siempre que los importes estén «genuina y razonablemente» ligados a los costes de coordinar esos enlaces externos.
En la práctica, la estructura planteada por Apple obliga a los desarrolladores que usan pagos de terceros a soportar sus propios costes de procesamiento (en torno al 2-3%) y, además, el 27% adicional exigido por Apple. En muchos casos, la suma iguala o supera el 30% original, de modo que la alternativa resulta poco atractiva desde el punto de vista económico.
Epic Games ha defendido desde el principio que este esquema es abiertamente anticompetitivo. Tim Sweeney, CEO de la compañía, ha llegado a calificar el movimiento de intento de «dictar todos los aspectos» de los enlaces externos, ubicándolos lejos del lugar donde el usuario toma realmente la decisión de compra y cargando sobre ellos unas condiciones que, según Epic, frustran por completo el remedio judicial.
Otras firmas relevantes, como Spotify, Kindle o Patreon, han criticado también estas políticas, aunque muy pocos desarrolladores se han atrevido a utilizar de forma intensiva los enlaces externos por miedo a represalias o por la propia incertidumbre regulatoria. Desde Epic señalan que solo unos cuantos actores «valientes» han intentado aprovechar la ventana abierta por las sentencias, en un contexto todavía muy controlado por Apple.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito coincidió en la esencia de estas quejas: a su juicio, la comisión del 27% «derrota el propósito» de permitir pagos alternativos. Por eso confirmó la declaración de desacato y devolvió el asunto a un tribunal inferior para que calcule qué tarifa, si es que alguna, puede exigir Apple sobre compras externas sin violar la orden original de 2021.
La nueva jugada de Apple: camino al Tribunal Supremo
Tras ver rechazada en marzo de 2026 su petición de una nueva revisión en pleno por parte del Noveno Circuito, Apple ha optado por el único camino que le quedaba en Estados Unidos: acudir de nuevo al Tribunal Supremo. La compañía pretende que el alto tribunal revise la declaración de desacato civil y, sobre todo, aclare hasta qué punto los jueces pueden limitar las comisiones que una plataforma cobra por operaciones realizadas fuera de su sistema de pago.
En paralelo, Apple ha pedido suspender la ejecución del fallo del tribunal de apelaciones. En un documento presentado el pasado 3 de abril, la empresa solicita que se congele el plan que permitiría al Distrito Norte de California fijar una comisión «razonable» para las compras vinculadas a enlaces externos. El argumento es que imponer ahora una tarifa concreta podría obligarla a rehacer de arriba abajo la estructura de ingresos de la App Store, para después tener que volver a cambiarla si el Supremo modificara el criterio.
La propuesta de Apple pasa por mantener el sistema actual de forma provisional, con la posibilidad de incluir enlaces a pagos externos sin una nueva comisión definida, mientras el Supremo decide si acepta o no revisar el asunto del desacato. La intención es ganar tiempo y evitar tener que encajar varias reformas seguidas en un negocio que, según la propia compañía, es clave para su cuenta de resultados.
Epic Games ha impugnado de inmediato esta maniobra. Voces de la compañía la describen como «otra táctica dilatoria» que busca impedir que se establezcan límites firmes a la capacidad de Apple para fijar tarifas sobre los pagos de terceros. Desde su punto de vista, cada mes de retraso consolida un statu quo en el que la App Store sigue concentrando un enorme poder de negociación frente a desarrolladores grandes y pequeños.
Si el Noveno Circuito acepta el plan de Apple, la vista sobre honorarios quedará aparcada a la espera de la decisión del Supremo. Si lo rechaza, el tribunal de distrito empezará a calcular las nuevas comisiones mientras la tecnológica tramita en paralelo su recurso ante el alto tribunal. En cualquier caso, si el Supremo vuelve a declinar la revisión, prevalecerá el criterio actual del tribunal de apelaciones.
Los argumentos de Apple frente a las acusaciones de Epic
En el plano jurídico, Apple defiende que nunca debió ser declarada en desacato porque la orden de 2021 no especificaba de forma literal qué comisiones podía o no podía cobrar. Alega que los tribunales se han extralimitado al reinterpretar esa orden para censurar la tarifa del 27%, lo que a su juicio equivaldría a reescribir el equilibrio económico de la App Store sin un mandato explícito.
La compañía insiste en que su comisión no se limita a cubrir el coste del procesamiento del pago. Según su versión, el porcentaje retribuye toda la infraestructura de la App Store: desde el alojamiento y distribución de las aplicaciones, hasta las herramientas de desarrollo, la revisión de seguridad, la promoción editorial y la posibilidad de llegar a cientos de millones de usuarios de iPhone y iPad en todo el mundo.
Apple también cuestiona que los efectos de la sentencia se extiendan a todos los desarrolladores presentes en la plataforma estadounidense. Sostiene que, en un caso iniciado por un único demandante, el remedio debería aplicarse de forma más limitada, y no transformarse en una especie de regulación general de la App Store sin el proceso legislativo o regulatorio habitual.
Epic, por su parte, subraya que los tribunales han ido fallando de forma consistente contra los intentos de Apple de mantener, de una manera u otra, unas comisiones consideradas abusivas. La empresa de videojuegos pone el foco en que las decisiones judiciales no solo afectan a Epic, sino al conjunto del ecosistema de desarrolladores que dependen de la App Store para llegar a sus clientes.
En el trasfondo está también el regreso de Fortnite a los iPhone en Estados Unidos, tras años fuera de la tienda, y su vuelta a Google Play en todo el mundo. El movimiento podría interpretarse como un gesto de distensión, pero la realidad es que la batalla de fondo —pagos externos, comisiones y control del ecosistema— sigue completamente abierta y se libra tanto en los tribunales como en los despachos de los reguladores.
Google, la presión del mercado y el impacto en el ecosistema
Mientras Apple apura la vía judicial, el resto del sector se mueve. Google alcanzó recientemente un acuerdo con Epic Games por un litigio similar vinculado a la Play Store, en el que se comprometió a reducir su comisión base al 20% y a flexibilizar el uso de sistemas de pago alternativos y tiendas de apps de terceros dentro de Android.
Ese pacto no resuelve el caso de Apple, pero sí actúa como señal para el mercado y para los reguladores. Si una gran plataforma como Google acepta recortar sus porcentajes, resulta más difícil justificar ante tribunales y autoridades de competencia que un 30% —o un 27% sobre pagos externos— siga siendo la norma inamovible del sector.
Más allá de las cifras concretas, la disputa Apple vs Epic sirve de termómetro para medir hasta qué punto las grandes plataformas pueden seguir capturando una parte sustancial del valor generado por aplicaciones de terceros. En juego no está solo el negocio de los videojuegos, sino todo un ecosistema de apps de suscripción, servicios en la nube, herramientas de productividad o plataformas de contenidos que monetizan a través de pagos digitales.
El impacto potencial alcanza también a modelos emergentes como los agentes conversacionales y los chatbots, que empiezan a intermediar un volumen creciente de transacciones. La cuestión de quién tiene derecho a cobrar una comisión cuando una operación se inicia en una app, se deriva a un navegador y se completa en la web del desarrollador no es trivial, y este caso está ayudando a trazar las primeras líneas maestras.
Para Apple, el desenlace puede afectar de forma directa al peso de su negocio de servicios, uno de los pilares de crecimiento de la compañía en los últimos años. Para los desarrolladores, el resultado definirá cuánto margen real tienen para negociar condiciones, optimizar márgenes y establecer una relación más directa con sus usuarios sin depender tanto del peaje impuesto por la tienda.
Europa, España y la Ley de Mercados Digitales
Aunque el conflicto judicial se está jugando en tribunales estadounidenses, Europa y España observan el caso con lupa. La Unión Europea cuenta desde marzo de 2024 con la Ley de Mercados Digitales (DMA), un paquete normativo que identifica a Apple como «guardiana de acceso» y le obliga a permitir tiendas de aplicaciones de terceros y métodos de pago alternativos en su ecosistema.
La Comisión Europea ya ha demostrado que está dispuesta a actuar: en 2025 impuso a Apple una multa de 500 millones de euros por prácticas consideradas restrictivas en torno a enlaces externos y reglas de la App Store que, en opinión de Bruselas, limitaban injustificadamente la competencia. Además, ha llegado a amenazar con sanciones diarias de hasta 50 millones de euros si detecta nuevos incumplimientos.
En respuesta, Apple ha anunciado cambios específicos para el mercado europeo, incluyendo la posibilidad de instalar tiendas alternativas y condiciones menos rígidas para los enlaces a pagos externos. Sin embargo, el debate sobre qué comisiones puede asociar a esos nuevos canales sigue vivo, y el ejemplo del 27% en Estados Unidos es una referencia inevitable para los reguladores comunitarios.
Para los usuarios españoles, esta pugna puede traducirse con el tiempo en más opciones a la hora de pagar dentro de las apps, posibles rebajas de precios o, al menos, una mayor transparencia sobre a quién va cada parte de lo que pagan. No obstante, también podrían aparecer nuevos modelos de suscripción híbridos, pagos directos en la web o fórmulas de fidelización fuera de la App Store si los desarrolladores buscan alejar parte de su negocio del control de Apple.
En el lado de los desarrolladores y startups con presencia en España o en el resto de la UE, la apertura regulatoria ofrece una oportunidad para mejorar márgenes y tener más control sobre la relación con los clientes. Pero no desaparecen los riesgos: Apple sigue gestionando la visibilidad y el posicionamiento dentro de la App Store, y existe el temor de que recompense de forma preferente a quienes opten por seguir utilizando su sistema de pagos nativo.
Por qué este caso importa tanto a founders y desarrolladores de apps
Lejos de ser un tema exclusivo de gigantes tecnológicos, lo que se decida en esta batalla condicionará el día a día de startups, estudios indie y empresas SaaS que dependen de iOS para llegar a su público. Cada punto de comisión en la App Store puede marcar la diferencia entre un modelo de negocio viable o un proyecto que no termina de despegar.
En las apps basadas en suscripción recurrente, una rebaja significativa de las tarifas puede mejorar la rentabilidad desde el primer mes y permitir estrategias de precios más flexibles para captar y retener usuarios. Si, por el contrario, se consolidan porcentajes altos también sobre los pagos externos, las empresas tendrán menos margen para ajustar precios o invertir en adquisición de clientes.
La disputa también redefine el poder de negociación con las plataformas. Hasta ahora, la posición de Apple en iOS era prácticamente inamovible: quien quisiera estar en el ecosistema tenía que asumir sus normas. Las sentencias en Estados Unidos, la presión europea con el DMA y el acuerdo de Google con Epic están abriendo una ventana para cuestionar ese statu quo y explorar alternativas como tiendas propias, webs mejor integradas o acuerdos directos con los usuarios.
Para muchos founders, la lección es que la incertidumbre regulatoria es ya una variable más del negocio. Igual que se proyectan escenarios de ingresos o de captación de usuarios, ahora es necesario contemplar distintos supuestos de comisiones, desde el modelo actual hasta escenarios con tarifas sensiblemente más bajas, tanto en Estados Unidos como en Europa.
En este contexto, estar al tanto de la evolución del caso Apple vs Epic no es solo una cuestión de curiosidad tecnológica, sino una forma de anticipar cómo podrán monetizar sus productos digitales en los próximos años, qué canales priorizar y qué parte del valor generado podrán realmente capturar frente a las grandes plataformas.
Con el conflicto escalando de nuevo al Tribunal Supremo de Estados Unidos y chocando en paralelo con el marco regulatorio europeo, el pulso entre Apple y Epic se ha convertido en el laboratorio donde se está probando hasta dónde llega el derecho de una plataforma a cobrar por intermediar, incluso cuando el pago se produce fuera de su sistema. Lo que se decida ahí condicionará la economía de miles de apps en todo el mundo y determinará si el modelo de comisiones que conocemos desde hace más de una década sigue vigente o empieza a resquebrajarse también en mercados como España.
