El pulso entre Google y la Comisión Europea se ha tensado un poco más. Bruselas ha puesto sobre la mesa una propuesta que, si se confirma, podría cambiar de raíz cómo se compite en el negocio de las búsquedas online y cómo se entrenan muchos sistemas de inteligencia artificial. El foco está en un activo muy concreto: los datos de búsqueda que hasta ahora el gigante de Mountain View ha controlado prácticamente en exclusiva.
La idea central es que Google tenga que compartir parte de esos datos —consultas, clics, rankings, visualizaciones e incluso interacciones de chatbots con funciones de búsqueda— con otros motores y servicios digitales en Europa, para que puedan mejorar sus productos y plantar cara al dominio del buscador más usado del mundo.
La Ley de Mercados Digitales entra en juego
Todo este movimiento se apoya en la Ley de Mercados Digitales (DMA), la norma con la que la Unión Europea quiere poner coto al poder de las grandes plataformas consideradas «guardianes de acceso». La Comisión Europea ya abrió un procedimiento contra Google a comienzos de año para comprobar cómo estaba cumpliendo con sus obligaciones y ahora ha enviado sus conclusiones preliminares.
Según ese documento, Bruselas considera que la forma en que Google restringe actualmente el acceso a los datos puede estar perjudicando la competencia, sobre todo en un contexto en el que la inteligencia artificial y los servicios basados en datos ganan peso a gran velocidad.
La propuesta pretende que otros motores de búsqueda y soluciones de IA con funciones similares puedan acceder a información clave: consultas de los usuarios, posiciones en el ranking, métricas de clics y visualizaciones, además de datos generados por chatbots que actúan como buscadores conversacionales. Todo ello, eso sí, bajo condiciones «justas, razonables y no discriminatorias».
El objetivo declarado es claro: evitar que el control exclusivo de estos datos refuerce todavía más la posición dominante de Google y cerrar la puerta a un escenario cercano al monopolio en el mercado europeo de la búsqueda online.
Datos de búsqueda como recurso estratégico
En la visión de la Comisión, los datos de búsqueda son mucho más que simples estadísticas. Se consideran hoy un insumo esencial para la innovación tecnológica, tanto para motores de búsqueda alternativos como para nuevos servicios digitales, incluidos los asistentes de IA y los copilotos, como Google Personal Intelligence, que dependen de información fresca y bien contextualizada.
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, la española Teresa Ribera, ha insistido en que los datos son una aportación clave para las búsquedas online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial, y que el acceso a esa información no debería limitarse de forma que dañe la competencia.
En esa línea, la propuesta comunitaria establece que el acceso a los datos de Google debe articularse bajo condiciones de transparencia y no discriminación. Se trata de crear un marco de referencia para las negociaciones entre Google y los potenciales beneficiarios: motores rivales, desarrolladores de herramientas de descubrimiento y proveedores de soluciones de IA.
Para hacerlo operativo, Bruselas entra en bastante detalle: delimita qué actores podrán acceder a los datos, qué tipo de información se deberá compartir, con qué frecuencia se facilitará el acceso y bajo qué parámetros se fijarán los precios. Además, condiciona todo ello a que se garantice la anonimización de los datos personales, en línea con la normativa europea de protección de datos.
Qué tendría que compartir Google y con quién
Las exigencias técnicas planteadas por la Comisión son amplias. Por un lado, se define un conjunto de «beneficiarios de datos» que podrían acceder a la información: motores de búsqueda de terceros, plataformas con capacidades de búsqueda interna y servicios de IA que actúen de forma equivalente a un buscador, incluidos los chatbots conversacionales.
Por otro, se concreta el alcance del intercambio. Bruselas quiere que los rivales puedan recibir datos relacionados con la consulta (qué se busca), el ranking (en qué orden se muestran los resultados), la interacción (en qué enlaces se hace clic, cuánto se visualiza) y los contenidos generados por herramientas de búsqueda basadas en IA.
La Comisión también plantea criterios para establecer la frecuencia y los medios de acceso: cómo se entregan los datos, con qué periodicidad, bajo qué APIs o formatos técnicos y qué obligaciones de seguridad y trazabilidad deben acompañar al proceso.
Otra pieza clave está en los precios. Se apunta a que cualquier contraprestación económica por acceder a estos datos debe basarse en parámetros claros, transparentes y no discriminatorios, de forma que Google no pueda favorecer a unos actores frente a otros mediante tarifas opacas.
Privacy first: el choque con los argumentos de Google
La reacción de Google, como era de esperar, ha sido muy crítica. La compañía afirma que la propuesta de Bruselas es una «extralimitación» que no sólo va más allá del mandato de la DMA, sino que puede comprometer seriamente la privacidad y seguridad de los usuarios europeos.
Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, ha subrayado que cientos de millones de personas en Europa confían en el buscador para realizar las consultas más sensibles: dudas sobre salud, temas familiares, finanzas personales o situaciones delicadas. Y sostiene que obligar a la empresa a compartir estos datos con terceros, incluso anonimizados, implicaría delegar esa confianza en sistemas con protecciones de privacidad «peligrosamente ineficaces».
Google defiende que la petición supera con creces lo que marca la ley, y que se le exigiría ceder datos privados a compañías que, a su juicio, no tienen los mismos estándares de seguridad. Es el núcleo de su discurso: no se trata sólo de competencia, sino de protección de la información más íntima de los usuarios y de los debates sobre los riesgos de la IA.
Desde la empresa también recuerdan que ya han presentado sus propias propuestas de cumplimiento para apaciguar tanto a los reguladores europeos como a sus rivales, pero consideran que las medidas reclamadas por Bruselas van demasiado lejos. En paralelo, cargan con un largo historial de sanciones: más de 9.700 millones de euros en multas antimonopolio en Europa desde 2017 y acusaciones de incumplir la DMA desde 2025.
Un calendario ajustado y consulta pública abierta
La iniciativa se encuentra en una fase de consulta pública clave. La Comisión Europea ha invitado a todas las partes interesadas —Google, sus competidores, desarrolladores, asociaciones de consumidores y otros actores del sector digital— a enviar observaciones hasta el 1 de mayo.
Ese periodo servirá para ajustar los detalles técnicos y legales de las medidas, especialmente los puntos más delicados: qué se considera dato anonimizado, qué límites se imponen a la reutilización de la información y cómo se controla que los beneficiarios cumplan con las reglas.
Una vez finalizado el plazo de comentarios, será el turno de que Bruselas rehaga, si lo considera necesario, su propuesta y la convierta en una decisión vinculante. La Comisión se ha marcado como fecha límite el 27 de julio para adoptar la resolución final, que fijará de forma oficial qué debe hacer Google en Europa en materia de intercambio de datos de búsqueda.
Si al final del proceso se confirma el incumplimiento de la DMA y Google no adapta su comportamiento, la empresa se arriesga a multas de hasta el 10% de su facturación anual global. En un grupo como Alphabet, la matriz del buscador, estaríamos hablando de cantidades multimillonarias que van mucho más allá de un simple tirón de orejas.
Impacto para la competencia y para las empresas europeas
Más allá de la disputa regulatoria, los analistas coinciden en que el acceso a los datos de búsqueda puede reconfigurar el mercado digital europeo. Dario Maisto, de la firma Forrester, considera que la decisión de la Comisión puede llegar en un momento poco oportuno, pero la ve alineada con la necesidad de reducir la dependencia de proveedores y tecnologías extranjeras que, hoy por hoy, marcan la pauta.
Maisto recuerda que, en la práctica, el sinónimo de «buscar en Internet» es todavía «búscalo en Google». La gran incógnita es si abrir los datos bastará para que los usuarios cambien sus hábitos. En otras palabras, una cosa es dar acceso a la materia prima y otra muy diferente es lograr que la gente adopte otros motores cuando lleva años utilizando el mismo.
Brian Jackson, director de investigación en Info-Tech Research Group, apunta que compartir datos podría revivir los motores de búsqueda especializados, sobre todo en sectores verticales de alto valor (sanidad, finanzas, industria, servicios profesionales) en los que los usuarios necesitan resultados muy adaptados a su realidad.
En ese escenario, los equipos digitales de las empresas tendrían que optimizar su presencia para múltiples entornos de descubrimiento, en lugar de centrar todos sus esfuerzos en Google. Y los compradores de software dispondrían de más alternativas, ya que más proveedores podrían ofrecer soluciones de búsqueda e inteligencia en base a datos reales de comportamiento.
Un ecosistema de búsqueda más fragmentado (y con más riesgos)
Esa fragmentación, sin embargo, también tiene su cara B. El propio Jackson advierte de que un ecosistema de búsqueda con muchos actores apoyados en los mismos datos podría estimular modelos de negocio más agresivos, disparar el riesgo de manipulación de resultados, fomentar el fraude y aumentar los sesgos en determinados contextos.
En un entorno así, la gobernanza de los datos y la supervisión regulatoria se vuelven todavía más críticas. Más canales de búsqueda significan más puntos de posible abuso, y obligan tanto a los reguladores como a las propias empresas a reforzar los controles.
Para Sanchit Vir Gogia, analista jefe de Greyhound Research, el verdadero terremoto no está tanto en la palabra «competencia» como en quién controla la interpretación de la información empresarial. Durante años, muchas compañías se han apoyado en la estabilidad de una capa de descubrimiento casi monopólica, dominada por Google.
Esa estabilidad marcaba desde cómo se redactaban los contenidos y se hacía SEO hasta cómo se medía el rendimiento digital. Si los datos se abren y florecen motores alternativos y sistemas de IA con lógicas distintas, el mismo contenido podría mostrarse de formas diferentes según el buscador o el asistente que lo interprete, generando inconsistencias en cómo se perciben las marcas.
La redefinición de la «optimización» en la era de la IA
Gogia sostiene que nos encaminamos hacia un cambio más profundo: la búsqueda se ha convertido en la capa que alimenta a la IA, los copilotos y muchas decisiones automatizadas. Una vez que esa capa se fragmenta y deja de estar concentrada en un único proveedor, las empresas pierden un punto de referencia claro sobre cómo son representadas hacia el exterior.
Esa pérdida de coherencia puede parecer menor en un primer momento, pero con el tiempo adquiere un peso tangible en la reputación y el negocio. Las marcas podrían encontrarse con que su mensaje aparece de una forma en un chatbot, de otra en un buscador clásico y de otra en un motor vertical especializado, todos ellos alimentados por datos parecidos pero interpretados de manera distinta.
Para las compañías europeas, todo esto implica reformular lo que entienden por «optimización». Ya no bastará con posicionarse bien en una sola plataforma dominante; habrá que pensar en cómo se expresan los contenidos para que encajen en varios sistemas a la vez, cómo se monitorizan los resultados y qué hacer cuando un algoritmo de IA presente una versión imprecisa o sesgada de la realidad empresarial.
En paralelo, surgen interrogantes sobre la calidad de los datos compartidos: si se anonimizan y agregan demasiado, pierden parte de su valor para el entrenamiento de modelos y la afinación de motores. Y si se comparten con un nivel de detalle más alto, crece la preocupación sobre privacidad y posibles reidentificaciones.
En el trasfondo de este choque entre Bruselas y Google late una cuestión de fondo sobre quién marca las reglas del juego en Europa: si será la regulación comunitaria, imponiendo apertura y límites al poder de los grandes actores, o si seguirán siendo las propias plataformas, con su control sobre los datos, las que dicten la evolución del buscador del futuro y de la IA que lo acompañe.