Desde hace años, las llamadas comerciales no solicitadas y el spam telefónico se han convertido en una fuente constante de molestias para los ciudadanos en España. Muchos usuarios han sufrido interrupciones inesperadas, especialmente procedentes de números móviles cuya procedencia resultaba imposible de identificar de inmediato. Ahora, el escenario está a punto de cambiar drásticamente gracias a una batería de medidas que el Gobierno ha impulsado con el objetivo de poner freno a estas prácticas, reforzando los derechos de los usuarios y la seguridad telefónica.
Qué cambia con la nueva normativa
El próximo 7 de junio será un antes y un después para el sector de las comunicaciones en España. A partir de esa fecha, todas las compañías tienen prohibido utilizar números móviles para realizar llamadas comerciales. Esta medida, prevista en la Orden TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, responde a la necesidad de dar respuesta al elevado número de quejas y reclamaciones que el spam telefónico había generado en los últimos años, abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra las ciberestafas y el acoso comercial.
De esta forma, a partir de la citada fecha, cualquier empresa que pretenda realizar llamadas promocionales tendrá que hacerlo empleando números fijos (con prefijo provincial), líneas gratuitas 800 o 900, o números cortos especialmente habilitados, como el famoso 1004 de Telefónica. Si alguna compañía incumple y sigue utilizando móviles, las operadoras estarán obligadas a bloquear estas llamadas y la empresa se enfrentará a sanciones de hasta dos millones de euros.
Además, las operadores deben bloquear las llamadas y SMS que provengan de números internacionales e intenten hacerse pasar por líneas españolas. Esta medida pretende evitar el conocido «spoofing», una técnica cada vez más usada en fraudes telefónicos donde los estafadores camuflan su número real para simular que llaman desde España.
Otro cambio importante afecta a los números no asignados, virtuales o vacíos: ahora quedará vetada cualquier llamada o mensaje procedente de este tipo de numeraciones, que habitualmente eran empleadas por empresas no identificadas o por intentos de fraude para eludir los controles tradicionales de los servicios telefónicos.
Hacia una mejor identificación y protección del usuario
Estas restricciones suponen que, de ahora en adelante, cuando un usuario vea en su pantalla una llamada procedente de móvil, podrá estar tranquilo sabiendo que no se trata de una llamada comercial. Las nuevas reglas persiguen facilitar la identificación rápida de quién está detrás de cada llamada y reducir así el margen de maniobra de los ciberdelincuentes y las empresas que abusaban de la ambigüedad de la numeración móvil para camuflar promociones, ofertas y, en los peores casos, intentos de phishing.
El Gobierno no solo persigue reducir molestias, sino frenar los casos de suplantación y fraude. En los últimos meses, ya se han bloqueado más de 14 millones de comunicaciones ilícitas, lo que representa una media diaria de 235.600 llamadas y 10.000 SMS que no han llegado a los usuarios.
El futuro: identificación alfanumérica, base de datos y nuevas herramientas
Además de las prohibiciones inmediatas, la legislación contempla la creación de una base de datos oficial gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde empresas y administraciones tendrán que registrar sus alias o códigos alfanuméricos. De este modo, será posible verificar la autenticidad de los mensajes SMS comerciales y combatir de manera más eficaz el fraude por suplantación de identidad. Las empresas que no se sumen a este registro no podrán realizar comunicaciones comerciales, y cualquier SMS procedente de alias no registrados quedará automáticamente bloqueado.
Otra novedad que complementa la estrategia nacional es la apuesta por herramientas adicionales para los consumidores. Desde alternativas a la Lista Robinson, como la nueva plataforma «Lista Stop Publicidad», hasta aplicaciones móviles que filtran llamadas sospechosas en tiempo real, los usuarios cuentan ahora con más recursos para protegerse frente al spam más allá de la propia normativa. También se refuerza la protección legal: los contratos cerrados a través de llamadas comerciales que no cuenten con el consentimiento del usuario serán considerados nulos.
Qué esperar con estas medidas
La entrada en vigor de estas medidas llega acompañada de gran expectación, pues afecta tanto a empresas como a consumidores y operadores de telefonía. Desde el sector público se espera que la identificación de llamadas comerciales sea más fácil y transparente que nunca, reduciendo así el número de fraudes y el estrés asociado al acoso telefónico. El Ministerio de Consumo y el de Transformación Digital subrayan que, aunque las llamadas comerciales seguirán existiendo, solo serán legales si el usuario puede identificarlas al instante y decidir si quiere atenderlas o no.
Todo este esfuerzo, sumado a la presión por parte de la sociedad, trata de devolver a los usuarios el control sobre su teléfono y su tiempo. Aunque será necesario vigilar el cumplimiento de la regulación y ajustar detalles en los próximos meses, las empresas que no colaboren se exponen a fuertes multas, y las operadoras ya han comenzado a adaptar sus sistemas para bloquear millones de comunicaciones no autorizadas. Por fin se acaba la pesadilla del spam telefónico. Por fin.