La tecnológica Google, propiedad de Alphabet, se ha plantado ante una de las medidas más sensibles derivadas del gran juicio antimonopolio que afronta en Estados Unidos. La compañía ha pedido a un juez federal que congele, al menos de momento, la obligación de ceder parte de sus datos y resultados a competidores mientras se resuelve el recurso que ha presentado contra la sentencia que la declaró responsable de mantener un monopolio ilegal en las búsquedas online.
El movimiento deja claro que, aunque Google asegura estar dispuesta a cumplir con la mayor parte de las condiciones impuestas, no está dispuesta a abrir su “caja negra” de datos sin garantías de que podrá revertir esa situación si finalmente gana en los tribunales. La empresa sostiene que la entrega de información a rivales, incluidas firmas de inteligencia artificial generativa, podría suponer la pérdida irreversible de secretos comerciales.
Un fallo histórico por monopolio en las búsquedas
El caso se enmarca en el juicio antimonopolio que se sigue contra Google en un tribunal federal de Washington, uno de los más relevantes que ha afrontado hasta ahora la compañía en Estados Unidos. En 2024, el juez del distrito, Amit Mehta, concluyó que la empresa había recurrido a prácticas ilegales para consolidar y proteger su dominio en el mercado de las búsquedas en Internet.
Según la resolución, Google utilizó una combinación de acuerdos comerciales y condiciones contractuales para mantenerse como buscador predeterminado en una enorme cantidad de dispositivos y navegadores. Estos acuerdos afectan, entre otros, a fabricantes de móviles, proveedores de sistemas operativos y desarrolladores de navegadores, consolidando así la posición casi hegemónica del buscador.
El Departamento de Justicia estadounidense y una coalición de estados habían acusado a la compañía de cerrar el paso a la competencia mediante pagos multimillonarios y pactos de preinstalación que, en la práctica, dificultaban el acceso de otros motores de búsqueda a los usuarios.
Para tratar de corregir esta situación, Mehta dictó una serie de remedios destinados a «nivelar el terreno de juego» en el mercado. Entre ellos, uno de los más llamativos es precisamente el que ahora cuestiona Google: la obligación de compartir determinados datos y resultados de búsqueda con rivales, incluidas empresas del pujante sector de la IA generativa.
La línea roja: compartir datos con rivales y empresas de IA
En los documentos presentados ante el tribunal, Google sostiene que el juez Mehta se ha excedido en el alcance de las medidas correctivas al obligar a la compañía a poner sus datos a disposición de competidores. Esta orden afectaría tanto a otros buscadores como a empresas de inteligencia artificial generativa, entre ellas OpenAI, responsable de ChatGPT, que dependen de grandes volúmenes de información para entrenar y mejorar sus modelos.
La empresa argumenta que cumplir esa parte del fallo la colocaría en una situación de vulnerabilidad competitiva, ya que buena parte de su ventaja en el mercado proviene precisamente de la calidad y volumen de datos que maneja sobre consultas de búsqueda, comportamiento de los usuarios y rendimiento de anuncios.
De acuerdo con Google, si entrega esa información y posteriormente el tribunal de apelaciones revoca la sentencia, el daño ya estaría hecho: los competidores habrían tenido acceso a información estratégica que no podría “descompartirse”. Por eso pide al juez que, como mínimo, suspenda temporalmente la obligación de compartir datos hasta que se resuelva el recurso.
En su escrito, la compañía recalca que sí está dispuesta a acatar otras condiciones menos intrusivas mientras avanza el proceso judicial. En concreto, no discute que se impongan límites temporales a determinados contratos ni que se ajusten algunas prácticas comerciales, pero insiste en que la transferencia de datos va un paso demasiado lejos.
Qué medidas acepta Google y cuáles rechaza
En su comunicación al juez, la empresa deja claro que, aunque considera que todas las medidas impuestas son discutibles y que nunca deberían haberse aplicado, está preparada para cumplir con la mayor parte de ellas mientras su apelación siga pendiente. Es una forma de mostrar cierto grado de colaboración con la justicia, sin renunciar a pelear en los tribunales.
Entre las obligaciones que Google está dispuesta a aceptar figura la limitación a un máximo de un año de los contratos que le permiten precargar sus aplicaciones en dispositivos y plataformas de terceros. Estos acuerdos incluyen productos clave del ecosistema de la compañía, como su asistente y su chatbot Gemini AI, que compite en el terreno de la inteligencia artificial conversacional.
La idea de acortar la duración de esos contratos busca que fabricantes y socios tecnológicos tengan más margen para negociar con otros proveedores o para cambiar el buscador predeterminado sin quedar atados durante varios años a Google, algo que los reguladores consideran esencial para reabrir el mercado a la competencia.
Sin embargo, la empresa traza una línea clara en lo que respecta a dos puntos concretos: la obligación de entregar datos a rivales y la de proporcionar resultados y anuncios sindicados a terceros bajo condiciones impuestas judicialmente. Sobre estos aspectos, Google insiste en que no puede aceptar su aplicación mientras no se resuelva la apelación y solicita que queden suspendidos.
En palabras de la propia compañía recogidas en los documentos judiciales, Google afirma que, aun opinando que los remedios fijados por el juez son «injustificados» y desproporcionados, está dispuesta a cumplir con todos ellos salvo con los que implican abrir su información más sensible o forzar la distribución de resultados y anuncios en beneficio de la competencia.
Un pulso más en la larga batalla antimonopolio
La petición actual de Google se entiende mejor si se mira el contexto más amplio de su enfrentamiento con las autoridades antimonopolio de Estados Unidos. A pesar de haber sido declarada responsable de varios monopolios ilegales, la compañía ha logrado, hasta ahora, sortear algunas de las sanciones más severas que se barajaban al inicio del proceso.
El Departamento de Justicia y los estados que impulsan el caso presionaban por medidas contundentes, como la posibilidad de obligar a Google a desprenderse de su navegador Chrome, una de las principales puertas de entrada al buscador para millones de usuarios en todo el mundo. La venta de Chrome habría supuesto un golpe histórico para el grupo y un precedente de enorme calado para todo el sector tecnológico.
Otra de las propuestas que se pusieron sobre la mesa fue la de ordenar a la compañía que dejase de pagar miles de millones de dólares a Apple y a otros socios a cambio de mantener a Google como motor de búsqueda predeterminado en nuevos dispositivos. Estos pagos han sido señalados repetidamente como una de las herramientas clave para proteger su liderazgo en el mercado.
Finalmente, el juez Mehta optó por no llegar tan lejos y descartó, de momento, esas medidas estructurales más drásticas. No obstante, la sentencia sí marca un antes y un después al refrendar que Google ha incurrido en conductas contrarias a la competencia y al imponerle obligaciones que, de aplicarse plenamente, podrían abrir parte del mercado a otros actores.
La sensación, para algunos analistas, es que la empresa ha salido relativamente airosa en esta fase del litigio, al evitar el escenario de una obligación inmediata de trocear su negocio o deshacerse de activos estratégicos. La disputa sobre la orden de compartir datos, en este sentido, es un nuevo capítulo dentro de una batalla de fondo que todavía tiene recorrido en los tribunales.
Lo que está en juego en la apelación y el plazo para más medidas
La pelota no está solo en el tejado de Google. El Departamento de Justicia de EE.UU. y la coalición de estados demandantes disponen hasta el 3 de febrero para decidir si recurren la decisión de Mehta por no imponer sanciones más contundentes. Es decir, podrían pedir que un tribunal superior reevalúe la negativa del juez a ordenar, por ejemplo, la venta de Chrome o el fin inmediato de los pagos a Apple.
En paralelo, la propia Google está preparando su recurso ante una corte federal de apelaciones para intentar que se revoque el fallo que la declara culpable de monopolio ilegal. Su objetivo es, idealmente, anular por completo la sentencia, o al menos suavizar aún más las medidas correctivas que se le han impuesto.
La clave de la estrategia de la compañía pasa por convencer al tribunal de que el mercado de las búsquedas en línea sigue contando con competidores relevantes y alternativas reales para los usuarios, y de que muchas de sus prácticas comerciales responden a dinámicas tecnológicas y de negocio habituales en el sector, no a un plan deliberado para eliminar la competencia.
Por su parte, los reguladores y estados demandantes tratarán de demostrar que la posición de Google es tan dominante que, en la práctica, condiciona la forma en que la mayoría de usuarios acceden a la información en Internet y que, sin medidas firmes, la situación no cambiará sustancialmente. La disputa sobre el intercambio de datos y la apertura de resultados de búsqueda a terceros se ve como una oportunidad para catalizar el surgimiento de rivales creíbles.
Mientras tanto, el caso se sigue con atención no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y otras regiones con marcos regulatorios estrictos, donde los movimientos de Washington pueden servir de referencia o, al menos, de señal de hacia dónde se dirige el debate global sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas.
Todo apunta a que el pulso entre Google y las autoridades antimonopolio estadounidenses va para largo: la empresa acepta aplicar ciertos cambios en sus contratos y en la forma en que distribuye sus aplicaciones, pero se resiste a ceder el control de sus datos y de sus resultados de búsqueda, conscientes de que ahí se juega buena parte de su ventaja competitiva; al mismo tiempo, los reguladores buscan remedios que realmente abran el mercado sin provocar un terremoto descontrolado en el ecosistema digital, en una negociación a múltiples bandas que, muy probablemente, marcará el futuro de la competencia en las búsquedas online y en los servicios basados en inteligencia artificial.
