La situación entre Telefónica y el Gobierno de Colombia ha alcanzado un punto de no retorno tras la reciente ofensiva judicial lanzada en Estados Unidos. La operadora española ha decidido poner las cartas sobre la mesa y reclamar formalmente ante la Corte de Distrito de Columbia la ejecución de un laudo internacional que le es favorable desde hace tiempo, buscando que el país sudamericano cumpla con sus compromisos financieros.
Este movimiento busca que el Estado colombiano acate el dictamen de los organismos internacionales y desembolse una compensación económica que ya supera los 430 millones de euros. La cifra total se ha ido incrementando debido a los intereses compuestos del 5% y las costas judiciales del proceso, lo que supone un auténtico desafío para las arcas públicas colombianas en un momento de gran tensión fiscal.
El origen de una disputa histórica
Para entender cómo hemos llegado a este brete, hay que remontarse a mediados de los años 90. El conflicto nació de la interpretación de los contratos de concesión de telefonía móvil firmados en 1994, específicamente sobre una cláusula que obligaba a la devolución de infraestructuras y redes al Estado una vez finalizado el periodo de explotación. Lo que parecía un acuerdo estándar acabó convirtiéndose en una batalla legal de décadas.
En 2017, un tribunal local colombiano obligó a la filial de Telefónica a pagar una suma millonaria por este concepto. Sin embargo, la compañía no se quedó de brazos cruzados y elevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando que se había producido una vulneración del trato justo y equitativo contemplados en los tratados bilaterales de inversión entre España y Colombia.
La estrategia legal en suelo estadounidense
Resulta que el Estado colombiano disponía de un plazo de 30 días para constituir una póliza que asegurase el pago, pero las restricciones presupuestarias impidieron cumplir con este requisito técnico. Al quedarse sin ese escudo legal, la protección que amparaba a Colombia frente al cobro inmediato se ha esfumado, permitiendo a la multinacional española avanzar por la vía rápida en los juzgados norteamericanos.
Impacto económico y salida del mercado
Mientras los abogados pelean en los tribunales, el panorama empresarial sigue su curso. Esta ofensiva judicial coincide con los planes de reestructurar su presencia en Latinoamérica, siguiendo la estela de cuando Telefónica culminó la venta de su filial de Chile. De hecho, la compañía ya ha comunicado su intención de vender su participación en su filial colombiana a Millicom, una operación valorada en unos 214 millones de dólares que marcaría su retirada definitiva del país.
Lograr que se ejecute el laudo antes de cerrar su salida es vital para la operadora, ya que esos 500 millones de dólares suponen un refuerzo significativo para su balance financiero. Por su parte, la administración de Gustavo Petro ha mostrado su disconformidad con estos arbitrajes internacionales, llegando incluso a plantear la posibilidad de que Colombia se retire de estos tratados al considerar que limitan la soberanía nacional para gestionar sectores estratégicos.
Todo este entramado jurídico se produce en un instante en el que la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras está bajo la lupa en toda la región. El desenlace de este caso no solo afectará a las cuentas de Telefónica, sino que servirá de precedente para otras multinacionales europeas que operan en sectores regulados y que observan con atención si los laudos internacionales tienen realmente la fuerza necesaria para doblegar la resistencia de un Estado soberano al pago.