La controversia en torno al contrato de Huawei en España ha escalado a nivel internacional: varios legisladores en Estados Unidos han solicitado al Departamento de Comercio una investigación formal sobre la adjudicación para almacenar escuchas judiciales, valorada en 12,3 millones de euros. La cuestión ha pasado de ser un expediente administrativo a convertirse en un asunto de seguridad y comercio que podría tensar las relaciones transatlánticas.
Mientras La Moncloa asegura que la oferta fue la más ventajosa y que el sistema cumple estrictamente con las guías del Centro Criptológico Nacional, en Washington se advierten posibles riesgos para el intercambio de inteligencia con un aliado de la OTAN. Desde instancias estadounidenses, se consideran limitaciones tecnológicas y comerciales en caso de que se determine que la decisión española compromete la seguridad compartida.
Qué se ha adjudicado y por qué está en el foco
La licitación, gestionada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, contempla la custodia digital de escuchas judiciales realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata del almacenamiento del material obtenido por orden de jueces y fiscales dentro del sistema Sitel, el sistema de intercepción legal utilizado contra el crimen y el terrorismo.
Según la documentación difundida en medios españoles, el equipamiento de soporte incluye soluciones de almacenamiento de alto rendimiento de Huawei, como OceanStor 6800 V5, usadas para conservar y clasificar comunicaciones intervenidas legalmente. El Gobierno afirma que dicha configuración cumple con las guías CCN-STIC y el Esquema Nacional de Seguridad.
Fuentes gubernamentales resaltan que el almacenamiento se realiza en entornos aislados y sin acceso externo, reduciendo al mínimo cualquier riesgo de fuga de información, además de separar la infraestructura de otros sistemas críticos de comunicaciones.
La reacción en Estados Unidos
Los congresistas republicanos Gus Bilirakis y Richard Hudson, responsables en el Comité de Energía y Comercio, enviaron una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, solicitando una investigación formal sobre la adjudicación española. En su misiva, advierten sobre un riesgo directo para la seguridad compartida y alertan frente a posibles «dobles raseros» en la UE respecto a la tecnología china.
Esta presión política no es nueva: semanas antes, Tom Cotton y Rick Crawford ya habían pedido a la directora de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, revisar los acuerdos de intercambio con España tras conocerse el expediente. Según informan las fuentes, ese análisis estaría finalizado a finales de mes, marcando un punto crucial en la escalada del asunto.
En paralelo, en Washington se señala que, si se confirman los temores, España podría ser catalogada entre los países que permiten a Huawei acceso a infraestructuras críticas, lo que reaviva la polémica por el contrato de Huawei y la soberanía tecnológica en España. Este estatus implicaría restricciones en la cooperación tecnológica y mayor control en la emisión de licencias importantes.
Desde sectores del Capitolio, se indica que, de mantenerse la preocupación, el Departamento de Comercio podría tomar medidas para blindar cadenas de suministro y software estratégico, siguiendo las políticas que EE. UU. ha promovido desde 2019 con sus propios aliados para limitar riesgos asociados a proveedores considerados peligrosos.
Riesgos y posibles consecuencias
De prosperar la investigación, las medidas podrían incluir desde restricciones de inteligencia hasta limitaciones en transferencias de software y licencias para empresas españolas. Esto afectaría ámbitos como la ciberseguridad, los servicios en la nube y la interoperabilidad tecnológica con proveedores estadounidenses.
Estados Unidos destaca que el comercio digital con Europa genera millones de empleos relacionados con exportaciones tecnológicas. Un posible enfriamiento en el flujo de datos y servicios podría perjudicar a compañías presentes en España, afectando sectores estratégicos como energía, finanzas o industria en general.
También se mencionan posibles implicaciones para la cooperación policial y militar, dado que España participa en intercambios de información sensible. Cualquier obstáculo en esas colaboraciones requeriría replantear protocolos y fortalecer las cadenas de confianza entre aliados.
Expertos consultados sugieren que una solución diplomática y técnica sería ideal: promover la transparencia sobre las salvaguardas del sistema, realizar auditorías independientes y contemplar cláusulas adicionales de seguridad que reduzcan las dudas respecto al proveedor de almacenamiento.
El resultado de este caso depende en gran medida de las decisiones futuras, que determinarán si prevalecen las garantías técnicas y diplomáticas o si las sospechas abiertas llevan a mayores restricciones y un incremento en el escrutinio internacional. La decisión del Departamento de Comercio será clave para definir el rumbo del contrato y el nivel de confianza entre los socios.