Vaya varapalo se ha llevado el gigante de Mountain View en los tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto el punto final a una de las batallas legales más largas y costosas de la historia tecnológica reciente. Al final, la multa de 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante con Android se queda tal cual, después de que los jueces hayan rechazado el recurso que Google y Alphabet presentaron para intentar librarse de la quema judicial.
Esta decisión no es una sorpresa para muchos expertos, pero sà supone un aviso a navegantes para todo Silicon Valley. La justicia europea considera que Google utilizó su sistema operativo móvil para barrer a la competencia y asegurarse de que sus servicios, como el buscador o el navegador Chrome, estuvieran en todos los bolsillos, limitando asà que otras opciones pudieran asomar la cabeza en un mercado que ya de por sà dominaban con mano de hierro.
Las condiciones que encadenaron a los fabricantes
La Comisión Europea ya lo vio claro hace tiempo: si un fabricante querÃa tener la Play Store en su móvil, tenÃa que pasar por el aro de la compañÃa. Según se ha contrastado en diversas instancias, Google obligaba a las marcas a preinstalar por defecto Google Search y Chrome en los terminales como requisito indispensable. Esto creaba lo que los jueces denominan un «sesgo de statu quo», que no es otra cosa que la tendencia natural de los usuarios a usar lo que ya viene configurado en el móvil sin complicarse la vida buscando otras alternativas.
Aunque la defensa de la tecnológica intentó argumentar que su sistema es abierto y que cualquiera puede bajarse otra aplicación, el tribunal ha sido tajante al respecto. Al obligar a esta preinstalación masiva, se ponÃan barreras de entrada altÃsimas para cualquier otro competidor, por muy bueno que fuera su servicio. Básicamente, se aprovechaban de su control absoluto sobre el ecosistema Android para que su buscador fuera la opción principal de millones de personas en Europa sin dar una oportunidad real a los demás.
El veto a las versiones alternativas y los pactos de exclusividad
No todo se limitaba a qué aplicaciones venÃan instaladas de fábrica en el dispositivo. La sentencia también confirma que Google apretaba las tuercas a través de los llamados acuerdos contra la fragmentación del sistema. Estos contratos prohibÃan a los fabricantes vender móviles con versiones de Android que no estuvieran aprobadas por la compañÃa si querÃan seguir colaborando con ellos. Si una marca querÃa innovar con un sistema basado en Android pero distinto, se arriesgaba a perder el acceso a las aplicaciones vitales del ecosistema de Google.
Además, se han analizado los pagos que la empresa realizaba a grandes operadoras y fabricantes para que solo instalaran su buscador de forma exclusiva. Aunque una parte de estos acuerdos de reparto de ingresos fue lo que hizo que la multa original de 4.342 millones bajara un poco hasta la cifra actual de 4.125 millones, el TJUE ha ratificado que el conjunto de las prácticas formaba parte de una estrategia única y continuada para machacar a la competencia y blindar su negocio publicitario.
Un precedente que marca el futuro de las tecnológicas
De los más de 4.000 millones de euros de sanción, la matriz Alphabet tendrá que responder solidariamente por 1.520 millones, lo que demuestra que Bruselas no solo va a por la filial, sino a por la cabeza del grupo. Este fallo cierra definitivamente la vÃa judicial para este caso concreto, pero deja la puerta abierta a que otras empresas que se hayan sentido perjudicadas durante estos años puedan pedir indemnizaciones por su cuenta, ahora que hay una sentencia firme sobre la mesa.
Con la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA) ya en pleno funcionamiento, este castigo es solo la punta del iceberg de lo que está por venir. Europa ha demostrado que tiene los mecanismos para controlar el poder de los guardianes de acceso y que no le tiembla el pulso a la hora de imponer sanciones récord si se vulneran las reglas del juego. A partir de ahora, cualquier ecosistema cerrado que favorezca descaradamente sus propios servicios estará bajo una lupa mucho más potente, obligando a los gigantes digitales a replantearse sus licencias.
La ratificación de esta sanción histórica supone un respaldo total a la polÃtica de competencia de la Comisión Europea y fija una doctrina muy clara sobre los lÃmites de las plataformas digitales. Tras años de litigios y recursos, la multa definitiva de 4.125 millones queda grabada en piedra, confirmando que el uso de Android para blindar servicios propios fue una práctica ilegal que alteró el mercado móvil. La era de la barra libre para imponer aplicaciones por defecto parece estar llegando a su fin en el Viejo Continente, dejando un escenario donde la interoperabilidad deberÃa ser la verdadera protagonista.
