La situación legal de OnePlus se ha agitado a nivel internacional tras conocerse que la Fiscalía del Distrito de Shilin, en el norte de Taiwán, ha emitido una orden de arresto contra Pete Lau, cofundador y director ejecutivo de la compañía china de smartphones. Las autoridades lo señalan como responsable de una estructura opaca para contratar ingenieros taiwaneses sin autorización oficial.
Este movimiento judicial se suma a la creciente tensión tecnológica entre la isla y China continental, y refuerza el mensaje de Taipéi de que capten talento local. Para el ecosistema tecnológico europeo, muy dependiente de la cadena de suministro asiática, este tipo de conflictos es seguido de cerca por su impacto potencial en marcas y proveedores que operan en varios mercados.
La orden de arresto contra Pete Lau y el origen del caso
Según la documentación difundida por la Oficina de la Fiscalía de Shilin y recogida por diversos medios asiáticos y agencias internacionales, Pete Lau -también conocido por su nombre chino, Liu Zuohu- está acusado de violar la legislación taiwanesa que regula las relaciones con China continental. La acusación va acompañada de cargos contra al menos dos ciudadanos taiwaneses que habrían colaborado con él.
Los fiscales sostienen que, a finales de 2014, Lau viajó a Taiwán para reunirse con un empresario local de apellido Lin con el objetivo de equipo de investigación y desarrollo (I+D) de software móvil en la isla. Ese encuentro habría sido el punto de partida de una estructura empresarial diseñada para operar en Taiwán sin los permisos requeridos.
En marzo de 2014 se habría constituido la sociedad Hong Kong OnePlus, y al año siguiente, según la acusación, se registró una filial en Taiwán bajo la dirección de una mujer de apellido Cheng. Desde esa base local se habría llevado a cabo la contratación de personal y la gestión cotidiana de las operaciones de I+D.
El documento fiscal, fechado en noviembre de 2025 y filtrado primero a la prensa taiwanesa, indica que jurisdicción de Taiwán. Es decir, el directivo puede seguir moviéndose por otros territorios, incluidos Europa y España, siempre que evite pisar suelo taiwanés, donde quedaría expuesto a una posible detención.
Ni OnePlus ni Oppo -grupo al que pertenece actualmente la marca- han ofrecido, por ahora, explicaciones detalladas. Reuters y Bloomberg han señalado que las compañías no han respondido a las peticiones de comentarios, y que tampoco se ha obtenido una declaración directa de Pete Lau sobre los cargos.
Red de empresas pantalla y flujo de fondos para I+D
La Fiscalía de Shilin acusa a Lau y a sus colaboradores de haber levantado una red de sociedades vinculadas a Hong Kong para ocultar el verdadero origen chino de las operaciones en Taiwán. La sucursal local habría funcionado, en la práctica, como un centro de I+D dedicado a OnePlus y Oppo.
Entre agosto de 2015 y enero de 2021, OnePlus habría 72,93 millones de dólares a la filial taiwanesa a través de diversas empresas con sede en Hong Kong. Esa cantidad -casi 73 millones de dólares, unos 620 millones de euros al cambio aproximado de la época- se habría contabilizado como “ingresos por I+D por encargo” y “venta de resultados o activos de I+D”.
La acusación recoge que estos fondos se utilizaron para contratar a más de 70 ingenieros taiwaneses, pagar sus salarios y adquirir equipos para las tareas de desarrollo, verificación y pruebas de software para smartphones. Los testimonios recabados durante la investigación indican que el trabajo generado en la isla se destinaba exclusivamente a móviles de OnePlus y Oppo.
Uno de los directivos locales, el mencionado Lin, habría reconocido ante los investigadores que fue designado por Pete Lau para liderar el equipo taiwanés y supervisar las contrataciones. Además, habría reportado de forma periódica a la sede de Shenzhen sobre asistencia de empleados y situación financiera del proyecto.
Las autoridades taiwanesas sostienen que, desde China, el dinero se canalizaba a través de Shenzhen Wanplus Technology -la matriz relacionada con OnePlus- y que intermediarios en Hong Kong permitían esquivar la obligación de declarar la verdadera naturaleza de la operación, algo que vulneraría la Ley de Relaciones entre los Pueblos del Estrecho de Taiwán.
La legislación taiwanesa y la protección del talento tecnológico
El núcleo jurídico del caso descansa en la normativa que regula los vínculos entre Taiwán y China continental. La llamada Ley de Relaciones entre los Pueblos de Taiwán y el Área de China Continental exige que cualquier empresa de origen chino obtenga autorización previa para establecer sucursales o contratar personal en la isla.
El objetivo de esta normativa es claro: fuga de conocimiento, especialmente en sectores considerados estratégicos, como los semiconductores, el desarrollo de software y otras áreas de alta tecnología. Taiwán concentra algunos de los perfiles técnicos más valorados del planeta, lo que ha convertido a la isla en un gran polo de atracción para compañías chinas.
Ante esta presión, las autoridades taiwanesas llevan años reforzando sus mecanismos de control. En agosto de 2025, el Gobierno informó de que investigaba a 16 empresas chinas por captar talento en semiconductores y otros campos de alta tecnología. Muchas de estas compañías habrían utilizado estructuras similares: oficinas registradas en Hong Kong u otros territorios, empresas fachada en terceros países o agencias de contratación para camuflar su vínculo con China continental.
Un año antes, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia realizó registros en 34 ubicaciones e interrogó a unas 90 personas en el marco de una macroinvestigación sobre firmas tecnológicas chinas que habrían establecido puntos de operación no autorizados para reclutar ingenieros.
Entre las empresas señaladas en esas pesquisas figuraba SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp.), el mayor fabricante de chips de China, incluido en listas de restricciones de Estados Unidos que limitan su acceso a determinadas tecnologías. Los investigadores aseguraron entonces que SMIC había llegado a ocultar su presencia en la isla utilizando una compañía registrada en Samoa.
Un contexto de tensión política y tecnológica creciente
En este escenario, la tecnología se ha convertido en uno de los campos de batalla más sensibles. fuga de talento y el traspaso de conocimiento en sectores como los semiconductores se interpretan en Taipéi como asuntos de seguridad nacional. Al mismo tiempo, gobiernos occidentales -con Estados Unidos a la cabeza- han endurecido las restricciones a los fabricantes chinos, como la detención de la directora de Huawei, lo que ha aumentado la presión sobre la industria de la región.
Para compañías como OnePlus, que nació en 2013 de la mano de Pete Lau y acabó integrándose plenamente en Oppo en 2021, este tipo de casos judiciales llegan en un momento desafiante. El fabricante ha tenido que reordenar su catálogo, ha cancelado lanzamientos -como el sucesor de su plegable OnePlus Open- y se mueve en un mercado cada vez más regulado en lo que respecta a datos, seguridad y relaciones con proveedores.
En paralelo, varios grandes fabricantes chinos, entre ellos Oppo, OnePlus, Xiaomi o Vivo, han explorado la posibilidad de menos dependientes de Google, sobre todo ante el temor a nuevas sanciones o vetos. Estas estrategias generan inquietud en Europa, donde las autoridades comunitarias vigilan con atención cualquier movimiento que pueda afectar a la interoperabilidad, la competencia y la seguridad de los usuarios.
La orden de arresto emitida por Taiwán puede no tener efectos inmediatos en las ventas de OnePlus en España o en el resto de la Unión Europea, pero elemento reputacional delicado para una marca que se ha posicionado durante años como alternativa de gama alta a precios contenidos. Cualquier eventual sanción, limitación de movimientos de directivos o tensión adicional con gobiernos asiáticos puede repercutir, a medio plazo, en calendarios de lanzamiento, soporte de software o acuerdos con operadores europeos.
Impacto para OnePlus, reacción oficial y posibles implicaciones en Europa
Por el momento, la respuesta pública de la empresa ha sido muy medida. operaciones siguen desarrollándose y no ha entrado en detalles sobre el caso de Taiwán. Tampoco ha trascendido ningún plan específico para afrontar la investigación más allá de la habitual cooperación con las autoridades dentro de los cauces legales.
En el ámbito internacional, la orden de arresto ha sido recogida por medios como Bloomberg, Reuters y prensa local taiwanesa, que la interpretan como ofensiva del Gobierno de la isla contra las prácticas de contratación irregulares de empresas chinas. El hecho de que la medida apunte directamente al máximo responsable de OnePlus refuerza el carácter ejemplarizante del proceso.
Para los mercados europeos, donde OnePlus cuenta con presencia a través de tiendas en línea, acuerdos con distribuidores y colaboraciones con operadores, estabilidad de la compañía es ahora la prioridad y en su capacidad para mantener su hoja de ruta de producto. Las marcas chinas ya operan bajo un escrutinio creciente en Bruselas en ámbitos como ciberseguridad, protección de datos o posible dependencia tecnológica.
En España, donde la firma ha ganado terreno entre usuarios que buscan móviles potentes y relativamente asequibles, este tipo de noticias puede generar dudas entre algunos consumidores, pero no implica un bloqueo inmediato. A día de hoy, el caso se circunscribe a la jurisdicción taiwanesa y a la presunta vulneración de su legislación específica sobre relaciones a través del Estrecho.
Más allá de las consecuencias legales para Pete Lau y sus colaboradores, el mensaje que deja el caso es que proteger a sus ingenieros y su know-how. En un mundo donde el diseño, el software y la propiedad intelectual pesan tanto o más que las fábricas, el talento se ha convertido en uno de los activos más vigilados por gobiernos y reguladores.
Con la investigación aún en marcha y sin una fecha clara para un eventual juicio, la orden de arresto contra el CEO de OnePlus se ha convertido en un símbolo del choque entre la necesidad de talento de las grandes tecnológicas chinas y la voluntad de Taiwán de blindar su capital humano y tecnológico. También actúa como aviso para otras compañías que operan en la región -y que venden sus dispositivos en Europa- sobre los riesgos de saltarse, aunque sea parcialmente, las reglas del juego impuestas por los reguladores locales.