El gobierno de Australia ha aprobado este jueves una ley revolucionaria que prohibirá a los menores de 16 años acceder a redes sociales, marcando un precedente a nivel mundial en la lucha por el bienestar emocional y psicológico de los más jóvenes. De acuerdo con esta legislación, las plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter) o Snapchat estarán obligadas a evitar que los menores accedan a sus servicios. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).
El Senado dio luz verde a esta medida con un amplio respaldo parlamentario, incluyendo votaciones previas favorables en la Cámara de Representantes. La normativa, que entrará en vigor en un plazo de un año, ya está generando repercusiones tanto en Australia como en otros países que observan de cerca el desarrollo de esta legislación sin precedentes.
¿En qué consiste la nueva ley?
La ley introduce una categoría denominada “plataformas de medios sociales con restricciones de edad,” que obliga a las redes sociales a aplicar estrictos sistemas de verificación de edad antes de permitir el acceso a sus usuarios. Aunque los detalles técnicos finales están por definirse, se anticipa que estos sistemas podrían emplear tanto datos biométricos como identificaciones oficiales.
Sin embargo, plataformas como YouTube, utilizadas comúnmente para fines educativos, quedan exentas de la prohibición. Según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, la meta principal es proteger a los menores de riesgos como el acoso en línea, la exposición a contenido inapropiado y los efectos negativos en la salud mental.
Las responsabilidades recaerán principalmente sobre las empresas tecnológicas, que deberán implementar controles para garantizar que los menores no creen ni mantengan cuentas activas en sus redes. En palabras de Albanese: “Queremos que los jóvenes australianos disfruten de una infancia plena y protegida frente a los peligros de Internet”. No obstante, la normativa no establece sanciones directas para los usuarios o sus padres.
Opiniones encontradas sobre la medida
Desde sectores gubernamentales, expertos en salud mental y colectivos de padres, la aprobación de esta ley ha sido aplaudida como una medida necesaria para revertir los daños que el uso excesivo de redes sociales ha generado en la población más joven. Estudios han revelado que más del 60% de los adolescentes australianos entre 14 y 17 años han estado expuestos a contenido perjudicial, como autolesiones o abusos de sustancias, a través de estas plataformas.
Sin embargo, la medida no está libre de críticas, especialmente por parte de defensores de la privacidad y los derechos humanos. La organización Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado que esta regulación podría derivar en una mayor vigilancia estatal y un uso indebido de datos personales. Del mismo modo, algunos académicos han advertido que la ley podría excluir a jóvenes vulnerables, como los que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, quienes encuentran apoyo en comunidades digitales.
Propuesta tecnológica y desafíos
El Comité de Seguridad Electrónica, que será responsable de supervisar la implementación de la ley, ha planteado la posibilidad de crear un sistema de verificación externa para preservar la privacidad de los datos personales. Esto incluiría una “plataforma intermediaria” que evaluaría la edad de los usuarios sin exponer información sensible a las redes sociales.
Además, empresas tecnológicas como Google o Meta han mostrado preocupación por la rapidez con la que se está implementando la norma. Ambas compañías han solicitado tiempo adicional para desarrollar soluciones que aborden los requerimientos de verificación y eviten afectar la experiencia del usuario. TikTok, por su parte, ha puesto en duda la eficacia de las propuestas actuales.
¿Qué está haciendo el resto del mundo?
La decisión australiana ha despertado interés global, ya que muchos países enfrentan debates similares sobre la regulación del acceso de los jóvenes a plataformas digitales. Francia, por ejemplo, ya implementó restricciones que requieren el consentimiento parental para menores de 15 años. En Estados Unidos, algunos estados están considerando ampliar las limitaciones de acceso digital, mientras que en China se han establecido normativas más estrictas sobre el uso de Internet por parte de los menores.
Pese a los desafíos, Australia reafirma su liderazgo en la creación de políticas digitales que responden a problemáticas contemporáneas. En 2021, ya había sido pionera al obligar a las grandes plataformas tecnológicas a pagar a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos.
La aprobación de esta ley refleja una creciente preocupación en torno al impacto de las redes sociales en la juventud y plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la protección infantil, la privacidad y los derechos digitales.