Según documentos internos citados por Reuters, Meta llegó a proyectar que alrededor del 10% de su facturación podría estar vinculada a anuncios irregulares o ilegales, una cifra que, a valor de negocio, habría rondado los 16.000 millones de dólares en el ejercicio analizado.
Los papeles describen un ecosistema en el que los usuarios se exponen a unos 15.000 millones de anuncios de “alto riesgo” al día, mientras que la compañía solo vetaría cuentas cuando sus sistemas alcanzasen un 95% de certeza de fraude; en escenarios de menor convicción, la respuesta era encarecer la puja publicitaria del sospechoso.
Qué dicen los documentos internos
Reuters asegura que la autoevaluación confidencial de Meta, elaborada entre 2021 y 2025 por áreas de finanzas, policy, ingeniería y seguridad, cuantificó el peso de los anuncios fraudulentos y de productos prohibidos, con una estimación interna de 10,1% de ingresos en 2024 y cerca de 7.000 millones asociados a formatos de “mayor riesgo legal”.
Parte del material apunta a que la empresa ponderó el coste de atajar ese contenido frente a las posibles sanciones regulatorias: los ejecutivos veían la pérdida de ingresos por suprimirlo como “comparable” a multas potenciales, y priorizaron actuaciones en regiones donde las sanciones serían más severas.
La revisión también recoge objetivos para reducir de forma notable estas prácticas: se barajó un recorte de hasta el 50% en ciertos mercados y una trayectoria que rebajaría el peso de estos ingresos hasta alrededor del 5,8% a medio plazo.
Cómo funciona la penalización y por qué importa
Cuando no alcanzaba el umbral de expulsión, Meta activaba las llamadas “pujas con penalización”: los anunciantes con señales de fraude debían pagar más para ganar la subasta, de modo que sus campañas fueran menos rentables y, en teoría, llegasen a menos usuarios.
Los documentos describen reglas más estrictas para pequeños clientes (bloqueo tras varias infracciones) y mayor tolerancia con cuentas de alto valor, capaces incluso de acumular cientos de avisos sin perder acceso, una asimetría que alimentó quejas internas y externas.
El impacto en ingresos, según las pruebas citadas, fue mixto: se vendían menos impresiones a presuntos estafadores, pero el aumento de precios compensaba parte de la caída, a la vez que reducían —aunque sin erradicar— la exposición global al fraude.
Impacto en usuarios, autoridades y mercado
El sistema de personalización publicitaria puede agravar el problema: quien hace clic en una estafa suele ver más anuncios similares, retroalimentando el riesgo. En los últimos meses se han detectado campañas con suplantaciones mediante IA de figuras como Warren Buffett o Elon Musk y, en el ámbito hispano, de presentadores económicos en España, para atraer a timos de inversión.
En Estados Unidos, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, coordinó a 42 fiscales para exigir a Meta mayores controles sobre anuncios de inversión en Facebook. Paralelamente, Reuters señala que la SEC ha puesto la lupa en la difusión de posibles estafas financieras.
En Europa, un regulador del Reino Unido atribuyó el 54% de pérdidas por estafas de pagos en 2023 a productos de Meta, más del doble que otras redes sociales, lo que ha intensificado la presión regulatoria en la región.
Además, documentos citados por la agencia apuntan a que la compañía ignoró o rechazó de forma incorrecta hasta el 96% de reportes válidos de usuarios en determinados periodos, si bien Meta afirma haber enderezado estos flujos de revisión.
La respuesta de Meta y los cambios en marcha
El portavoz Andy Stone sostiene que los informes ofrecen una “visión selectiva” y que la cifra del 10,1% era “aproximada y demasiado inclusiva” al contener “muchos anuncios legítimos”. No aportó un dato actualizado, pero defendió avances.
Según la compañía, en los últimos 18 meses se han recortado un 58% los avisos de usuarios por anuncios fraudulentos a nivel global y, en lo que va de 2025, se han eliminado más de 134 millones de anuncios sospechosos.
Meta sostiene que combate “con firmeza” el fraude porque ni usuarios ni anunciantes legítimos lo quieren en el ecosistema, y mantiene objetivos internos para reducir de forma sustancial este contenido durante 2025 en mercados clave.
Aun así, revisiones internas reconocen que es más fácil publicitar estafas en plataformas de Meta que en Google, y que las apps de la compañía estuvieron implicadas en un tercio de estafas exitosas en EE. UU., de acuerdo con una presentación de mayo de 2025.
Qué implica para España y Europa
Para el usuario europeo —y español— el riesgo está en la combinación de segmentación masiva, suplantaciones con IA y mayor margen de difusión para contenidos dudosos, lo que exige revisar con lupa las ofertas financieras, de salud o de comercio con descuentos “demasiado buenos para ser verdad”.
Para los anunciantes, el escenario eleva costes y erosiona la confianza en el inventario, empujando a exigir más transparencia sobre controles, umbrales de retirada y métricas de integridad en cada mercado europeo.
Con reguladores intensificando la supervisión —especialmente en el Reino Unido— y con la presión política creciente, el debate se centra en si los incentivos comerciales están alineados con la protección del usuario y del tejido publicitario legítimo.
Lo publicado por Reuters dibuja un choque entre cumplimiento, ingresos y reputación: mientras Meta defiende sus avances —cifras de retirada y reducción de reportes—, los documentos internos y los requerimientos de autoridades en EE. UU. y Europa sugieren que el reto sigue siendo estructural y demandará controles más estrictos y respuestas más rápidas.
