Noruega ha dado un paso al frente en la regulación del entorno digital infantil al anunciar que este año presentará un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir la exposición temprana de niños y adolescentes a plataformas dominadas por algoritmos.
La propuesta, impulsada por el gobierno laborista de Jonas Gahr Støre, pretende que sean las empresas tecnológicas las responsables de comprobar la edad real de sus usuarios, en lugar de dejar esa carga en los propios menores o en sus familias. La idea es fijar un marco claro, con obligaciones concretas para las plataformas y un calendario definido de aplicación.
Una infancia menos condicionada por algoritmos y pantallas
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, ha sido especialmente claro al explicar el espíritu de la norma: el objetivo es que “los niños puedan ser niños” sin que su día a día esté dominado por algoritmos. Según ha señalado en varios comunicados, el juego, las amistades y la vida cotidiana no deberían verse desplazados por el tiempo frente a la pantalla.
Desde el Ejecutivo se considera que esta es una medida relevante para salvaguardar la vida digital de los menores, en un contexto de preocupación creciente por los efectos del uso intensivo de redes sociales sobre la salud mental, la atención, el sueño o las relaciones sociales de los más jóvenes.
El proyecto de ley fija que la prohibición se aplicará hasta el 1 de enero del año en que el adolescente cumpla 16. Es decir, un menor no podrá abrir ni mantener cuentas en redes sociales hasta que empiece el año natural en el que alcanzará esa edad, lo que aporta un criterio homogéneo y sencillo de entender.
La iniciativa no surge de la nada. En los últimos años, el gobierno noruego había puesto en marcha directrices nacionales sobre tiempo de pantalla y recomendaciones para escuelas sin móviles, lo que, según sus datos, ya ha contribuido a que disminuya el número de niños con teléfono propio y presencia en redes sociales.
Responsabilidad directa para las plataformas tecnológicas
Uno de los elementos clave del plan noruego es que la responsabilidad recaerá en las empresas que ofrecen los servicios digitales. Será obligatorio que las plataformas implanten métodos efectivos de verificación de edad antes de permitir el registro o el uso continuado de una cuenta.
La ministra de Digitalización y Gobernanza Pública, Karianne Tung, ha insistido en que no se puede dejar a los niños la tarea de mantenerse alejados de servicios que no deberían usar. A su juicio, pedir a un menor que se autorregule frente a herramientas diseñadas precisamente para retener su atención es una expectativa poco realista.
Tung ha recalcado que las compañías tecnológicas deberán garantizar el cumplimiento del límite de edad desde el primer día de entrada en vigor de la ley. Esto implica desarrollar sistemas de comprobación robustos, más allá de los simples campos de fecha de nacimiento que hoy en día pueden eludir fácilmente los usuarios más jóvenes. Las sanciones y responsabilidades son, según el Ejecutivo, una pieza clave para asegurar el cumplimiento.
El gobierno ha dejado claro que espera un cambio de enfoque en la industria: las plataformas no solo deberán evitar el acceso de menores de 16 años, sino también demostrar que disponen de mecanismos creíbles de verificación y que reaccionan cuando detectan incumplimientos.
Calendario previsto y apoyo político interno
Las autoridades noruegas han explicado que su intención es presentar la moción en el Parlamento antes de que termine el año, con la vista puesta en que la nueva regulación pueda entrar en vigor en 2027. De esta forma, el país se daría un margen razonable para desarrollar el marco legal y para que las plataformas se adapten técnicamente.
Aunque el gobierno laborista gobierna en minoría, varios de sus socios parlamentarios han mostrado ya su respaldo a la idea de establecer una mayoría de edad digital para las redes sociales. Este apoyo preliminar aumenta las probabilidades de que la propuesta salga adelante durante la tramitación legislativa.
El modelo que se plantea busca combinar claridad normativa y viabilidad práctica. Por un lado, fija una edad concreta y un momento exacto (el inicio del año en que se cumplen los 16) para levantar la prohibición. Por otro, obliga a los proveedores de servicios a adaptar sus procesos de alta y de gestión de cuentas para alinearlos con esta nueva obligación.
Según el Ejecutivo, se trata de una respuesta a una preocupación social cada vez más extendida en el país, donde familias, docentes y profesionales de la salud vienen alertando de los efectos del uso intensivo de redes en edades tempranas. La futura ley pretende dar un marco común, en lugar de dejar la cuestión al criterio de cada hogar o de cada centro educativo.
Noruega en el contexto europeo y global
La apuesta noruega se encuadra en una tendencia internacional creciente hacia la regulación del acceso de menores a las redes sociales. En Europa, varios Estados miembros han empezado a perfilar sus propias normas o a debatir proyectos similares en sus parlamentos nacionales.
Entre ellos se encuentran España, Francia, Dinamarca, Italia, Grecia o Eslovenia, que han anunciado o impulsado recientemente propuestas para fijar una edad mínima o para reforzar los controles de acceso a las plataformas. En la práctica, todos se mueven hacia algún tipo de mayoría de edad digital específica para redes sociales.
Fuera del continente, países como Australia y Turquía ya han aprobado leyes que limitan el acceso de los más jóvenes a estos servicios. Australia, en particular, se ha convertido en un referente al haber aprobado en 2024 una normativa pionera que busca blindar a los menores frente a los posibles daños asociados a estas herramientas digitales.
Noruega, aunque no forma parte de la Unión Europea, suele alinearse estrechamente con los estándares comunitarios en materia digital. En este caso, su iniciativa encaja con el movimiento regulatorio que se está consolidando a nivel europeo en torno a la protección de la infancia en internet.
El papel de la Unión Europea y el impacto en España
La Comisión Europea también ha puesto el foco en la necesidad de proteger a niños y adolescentes en el entorno online. Entre las medidas anunciadas destaca el desarrollo de una aplicación de verificación de edad, presentada a mediados de abril, destinada a estar disponible para todos los ciudadanos europeos.
Esta herramienta pretende ofrecer una base común de verificación dentro de la UE, que pueda ser integrada por diferentes servicios digitales, incluidas las redes sociales. La idea es facilitar un sistema más homogéneo y fiable que el actual mosaico de soluciones privadas y mecanismos poco sólidos.
En el caso de España, el anuncio noruego llega en un momento en el que también se discute cómo fijar una mayoría de edad digital para redes sociales. El país figura entre los Estados europeos que han manifestado su intención de avanzar hacia límites claros y sistemas de control más estrictos para el acceso de menores.
La experiencia noruega puede servir de referencia para el debate español y europeo, tanto por el modelo de responsabilidad centrado en las plataformas como por el uso de un corte de edad concreto (los 16 años) y un calendario bien definido. Además, encaja con otras políticas en marcha, como las restricciones al móvil en colegios y las campañas de sensibilización sobre el uso de pantallas.
Primeros efectos y retos pendientes
Según el gobierno noruego, las medidas ya adoptadas en los últimos años, como las recomendaciones para centros educativos sin dispositivos móviles y las guías sobre tiempo de pantalla, han empezado a dar resultados. Las autoridades señalan que ha disminuido el número de niños que poseen un teléfono propio o que usan redes sociales de forma habitual.
Con la futura ley, el Ejecutivo aspira a consolidar y reforzar esa tendencia, añadiendo un marco jurídico específico para el acceso a plataformas sociales. El reto principal estará en que las soluciones técnicas que desarrollen las empresas sean realmente eficaces y respetuosas con la privacidad de los usuarios.
Expertos en protección de datos y derechos digitales insisten en que los sistemas de verificación de edad deben evitar la recopilación excesiva de información personal, de modo que proteger a los menores no implique abrir la puerta a nuevos riesgos en materia de privacidad o seguridad.
Al mismo tiempo, los gobiernos que se plantean medidas similares deberán lidiar con cuestiones prácticas, como la coordinación entre países, el control de plataformas con sede en otros territorios o el modo en que se supervisará el cumplimiento de las normas y se sancionarán las infracciones.
Todo apunta a que el anuncio de Noruega se convertirá en un punto de referencia en el debate europeo sobre la mayoría de edad digital. Para España y el resto de socios comunitarios, observar cómo se despliega este modelo, qué obstáculos encuentra y qué resultados ofrece será clave a la hora de perfilar sus propias políticas en un ámbito que afecta de lleno al día a día de niños y adolescentes.
