Mark Zuckerberg se ha sentado por primera vez ante un jurado para responder directamente por el impacto de Instagram en la salud mental de menores, en un caso que está siendo seguido de cerca por gobiernos y reguladores de todo el mundo. El proceso, que se celebra en el Tribunal Superior de Los Ángeles, examina si la red social contribuyó a la adicción y al deterioro psicológico de una joven que hoy tiene 20 años.
La causa se ha convertido en un juicio histórico sobre la adicción adolescente a las redes sociales, con implicaciones potenciales para miles de demandas similares. Bajo un fuerte escrutinio mediático, el consejero delegado de Meta ha defendido que Instagram es “valioso, no perjudicial” y ha rechazado que la plataforma esté concebida para enganchar deliberadamente a los jóvenes.
Zuckerberg ante el jurado: defensa cerrada de Instagram
Durante varias horas de interrogatorio, Zuckerberg fue cuestionado sobre si Meta priorizó el crecimiento y el tiempo de uso por encima de la protección de los menores. El directivo insistió en que el objetivo de la compañía es crear servicios útiles para que la gente se mantenga en contacto con familiares y amigos y pueda aprender sobre el mundo, no maximizar el tiempo frente a la pantalla “a cualquier precio”.
Los abogados de la demandante, identificada como Kaley o K.G.M., le mostraron correos internos de 2014 y 2015 en los que se fijaban metas para incrementar el tiempo dedicado a las aplicaciones y “revertir la tendencia adolescente”. Ante esas pruebas, Zuckerberg reconoció que en etapas anteriores de la empresa sí se fijaban objetivos ligados al tiempo de uso, pero sostuvo que esa forma de trabajar “ya no refleja la filosofía actual” de Meta.
En uno de esos mensajes, el fundador de Facebook hablaba de lograr que los usuarios pasaran alrededor de un 10-12 % más de tiempo en la plataforma. El abogado de la demandante subrayó que, en aquel momento, su clienta tenía apenas nueve o diez años y ya estaba usando Instagram, lo que, a su juicio, evidencia que la compañía se benefició de esa hiperconexión temprana.
El intercambio fue especialmente tenso cuando el letrado comparó esas estrategias con la forma en que otras industrias históricamente han fomentado el consumo compulsivo, planteando si una empresa “razonable” debe aprovecharse de personas vulnerables. Zuckerberg replicó que una compañía responsable “debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”, y no explotarlas.
Menores de 13 años, verificación de edad y responsabilidades
Uno de los puntos más delicados del proceso es la presencia masiva de menores de 13 años en Instagram, pese a que las normas de uso prohíben expresamente el acceso a esa franja de edad. Zuckerberg recalcó ante el tribunal que “nunca se ha permitido” que niños por debajo de los 13 años usen la red social y que la política de la compañía “siempre ha sido clara”.
Sin embargo, reconoció que “un número significativo de personas miente sobre su edad” para entrar en las plataformas y admitió que Meta tardó en perfeccionar sus sistemas para detectar y excluir a esos usuarios. Los abogados de la joven le replicaron con datos internos: para 2018, unos cuatro millones de usuarios de Instagram serían menores de 13 años, aproximadamente el 30 % de los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos, según cifras citadas en la sala.
En el proceso se han mostrado documentos de 2015 que indicaban que el 30 % de los niños de 10 a 12 años en ese país ya utilizaban Instagram, así como informes internos que hablaban explícitamente de la necesidad de captar “preadolescentes” para triunfar entre los adolescentes. La acusación interpreta estos textos como la prueba de una estrategia deliberada para atraer a menores, pese a la restricción oficial de edad.
Zuckerberg, por su parte, afirmó no recordar el contexto concreto de varios de esos documentos “de hace más de diez años” y defendió que la empresa dedica recursos técnicos significativos a detectar cuentas de menores e inhabilitarlas, aunque admitió que controlar la edad real es “muy difícil” cuando se basa en la información que aportan los propios usuarios.
Los abogados de la demandante le preguntaron con cierta ironía si realmente esperaba que un niño de nueve años leyera la letra pequeña para entender las normas de acceso. El ejecutivo respondió con frases cortas y aseguró que no veía “por qué es tan complicado” exigir que se diga la verdad sobre la edad, lo que generó murmullos entre el público presente en la sala.
Funciones adictivas: scroll infinito, algoritmos y filtros de belleza
El núcleo técnico del juicio se centra en si el diseño mismo de Instagram y otras redes está construido para generar adicción, más allá del contenido concreto que ve cada usuario. La demanda describe un ecosistema de funciones como el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos, los sistemas de recomendación personalizados y la llegada constante de notificaciones, que, combinados, empujan al usuario a seguir conectado.
La acusación sostiene que estos mecanismos favorecen dinámicas claramente adictivas, hasta el punto de compararlas con la respuesta que provoca un “golpe químico”. Los abogados argumentan que los algoritmos aprenden con precisión qué mostrar a cada joven para que permanezca más tiempo en la app, lo que derivaría en patrones de uso compulsivo, con consecuencias que pueden ir desde la ansiedad hasta la depresión, el acoso o, en casos extremos, el suicidio.
Especialmente polémicos son los filtros de belleza y herramientas de edición que alteran rostros y cuerpos, llegando a simular resultados de cirugías estéticas o proporciones corporales irreales. Estudios citados en la causa, algunos encargados por la propia Meta, vinculan estas funciones con problemas de imagen corporal, sobre todo entre chicas adolescentes, y con un aumento de la dismorfia corporal.
Zuckerberg reconoció que dentro de la compañía hubo debates internos sobre el posible efecto dañino de estos filtros, pero explicó que se optó por una solución intermedia: no prohibirlos, sino dejar que los usuarios que quisieran los utilizaran, evitando, en teoría, recomendarlos de forma activa. A su juicio, limitar de forma tajante ese tipo de herramientas exige “pruebas muy claras de que las cosas saldrán mal”, y defendió que Meta no contaba con datos “sólidos” que demostraran un daño causal directo.
En paralelo, testigos como Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, han reconocido que la plataforma puede llegar a generar un “uso problemático”, pero niegan la existencia de una adicción clínica reconocida a redes sociales. Mosseri comparó ese uso excesivo con “ver la televisión más tiempo del que te hace sentir bien”, minimizando la idea de un patrón adictivo equiparable al de sustancias o juegos de azar.
El caso de Kaley/K.G.M. y el impacto en la salud mental
La demanda que ha llevado a Zuckerberg al estrado parte de la historia de Kaley, identificada como K.G.M., una joven californiana que comenzó a usar YouTube con seis años, Instagram a los nueve, TikTok (entonces Musical.ly) a los diez y Snapchat a los once. Su familia describe una escalada de dependencia desde la infancia: si le retiraban el móvil, sufría ataques de pánico y era incapaz de “vivir sin un teléfono” sin desencadenar episodios de agresividad.
Según los documentos judiciales, la joven habría pasado por ansiedad, depresión y dismorfia corporal, y su madre sostiene que la adicción a las redes “ha cambiado el modo en que funciona su cerebro”, hasta el punto de afectar su memoria a largo plazo y su capacidad para llevar una vida cotidiana sin el dispositivo. En una ocasión, habría llegado a pasar hasta 16 horas al día en Instagram, una cifra que incluso Mosseri calificó como “uso problemático”.
Los abogados de Kaley argumentan que las plataformas no solo permiten, sino que están específicamente diseñadas para fomentar esa permanencia extrema. Aseguran que Meta, Google, TikTok y Snap conocían los riesgos para la salud mental de los jóvenes, pero aun así siguieron implementando funciones adictivas y estrategias para captar a usuarios cada vez más jóvenes.
La defensa de Meta y Google, en cambio, sostiene que los problemas de la demandante tienen raíces previas en su entorno familiar y en experiencias personales difíciles, y que las redes sociales no pueden considerarse la causa determinante de su situación. Portavoces de ambas compañías subrayan que ofrecen herramientas como controles parentales, límites de tiempo y sistemas de detección de menores, y que priorizan la seguridad de los adolescentes.
En este caso concreto, TikTok y Snap han quedado fuera del juicio tras alcanzar acuerdos confidenciales con la demandante poco antes del inicio de las vistas. Meta y Google, por su parte, se enfrentan a la posibilidad de indemnizaciones millonarias si el jurado concluye que sus plataformas contribuyeron significativamente al deterioro de la salud mental de la joven.
Un juicio con implicaciones globales para la industria tecnológica
Más allá de esta demanda concreta, el proceso de Los Ángeles se considera un caso de referencia para unas 1.500 demandas similares contra grandes tecnológicas en Estados Unidos, promovidas tanto por particulares como por centros educativos y administraciones locales. Todas giran en torno a la misma idea: que las redes sociales han contribuido a una crisis de salud mental entre niños y adolescentes.
El juicio llega en un contexto en el que gobiernos de Estados Unidos y Europa debaten nuevas normas para obligar a las plataformas a rendir cuentas por el diseño de sus servicios. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) ya introduce obligaciones más estrictas en materia de transparencia algorítmica, moderación de contenidos y protección de menores, aunque todavía está por ver cómo se aplica en la práctica a casos como el de Instagram.
Organismos internacionales y centros de investigación han advertido de que la relación entre uso de redes y salud mental es compleja y no siempre lineal, pero coinciden en que existe un grupo de usuarios jóvenes especialmente vulnerables ante los que el diseño de las plataformas puede actuar como amplificador de problemas previos. En este escenario, el resultado del juicio podría marcar hasta qué punto los tribunales están dispuestos a atribuir responsabilidad directa a las empresas por esos efectos.
Para Meta, el caso también se produce con la reputación de Zuckerberg en entredicho: encuestas como las del Pew Research Center muestran que una mayoría de estadounidenses tiene una opinión poco favorable del directivo. Su comparecencia, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad y en una sala con presencia de padres que han perdido a hijos por problemas vinculados a las redes, simboliza la creciente presión social sobre las grandes plataformas.
El impacto de lo que está ocurriendo en Los Ángeles no se limita a Estados Unidos. En Europa, donde crece el debate sobre limitar el acceso de menores a las redes, reforzar la verificación de edad y restringir determinadas funciones adictivas, los reguladores observan de cerca un proceso que puede servir de guía —o de advertencia— para futuras decisiones legislativas y judiciales.
Queda por ver cómo valorará el jurado los documentos internos, los correos de dirección y los estudios sobre efectos en la salud mental frente a la defensa de Meta y Google, que insisten en el valor social de sus productos y en las mejoras introducidas en seguridad. Lo que sí parece claro es que, gane quien gane en esta sala, el debate sobre redes sociales, adicción adolescente y responsabilidad empresarial ha entrado en una fase en la que ya no se libra solo en despachos de abogados o comités parlamentarios, sino también en los tribunales, con consecuencias potenciales para toda la industria tecnológica a ambos lados del Atlántico.
