Reino Unido regulará las plataformas de streaming al nivel de la TV tradicional

  • Reino Unido integrará a Netflix, Prime Video o Disney+ en el código de radiodifusión de Ofcom.
  • Las plataformas con más de 500.000 usuarios deberán cumplir normas de contenido, imparcialidad y protección del espectador.
  • Se fijan mínimos de accesibilidad: 80% del catálogo con subtítulos, 10% con audiodescripción y 5% en lengua de signos.
  • Ofcom podrá investigar quejas de usuarios e imponer sanciones económicas ante infracciones.

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El Gobierno británico ha dado un paso decisivo para poner orden en el creciente mercado de las plataformas de streaming. Reino Unido ha anunciado que plataformas como Netflix, en pleno proceso de expansión, Amazon Prime Video, Disney+ y otros servicios bajo demanda pasarán a estar sujetos a reglas muy similares a las que ya cumplen las cadenas de televisión tradicionales, como la BBC.

Este cambio llega en un contexto en el que el consumo de contenidos a la carta ha superado con claridad a la televisión en directo. Dos tercios de los hogares del país están abonados al menos a un gran servicio de streaming y, según datos oficiales, el 85 % de la población utiliza alguna plataforma bajo demanda cada mes, frente al 67 % que sigue viendo la televisión lineal.

Por qué Reino Unido pone el foco en Netflix, Prime Video y Disney+

El Ejecutivo británico considera que la situación actual genera una descompensación regulatoria entre los canales tradicionales y las plataformas en línea. Mientras las televisiones con licencia deben respetar el código de radiodifusión de Ofcom y estrictos requisitos de accesibilidad, muchos servicios de vídeo bajo demanda operan con estándares más laxos.

En la práctica, esto significa que la audiencia no siempre cuenta con las mismas garantías de protección según el lugar en el que vea el contenido, pese a que la experiencia para el usuario sea parecida: encender la pantalla y elegir un programa, serie o película.

El Ministerio de Cultura, Medios y Deportes ha subrayado que especialmente niños, jóvenes y familias recurren de forma masiva al streaming, dejando de lado los canales tradicionales. Para el Gobierno, este cambio de hábitos obliga a actualizar el marco legal para evitar que una parte relevante del consumo audiovisual quede en una especie de “tierra de nadie” regulatoria.

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ha reconocido que la forma de ver la televisión ha cambiado radicalmente, con millones de personas que alternan o incluso sustituyen por completo la TV convencional por plataformas de vídeo a la carta. De ahí la decisión de reforzar el papel de Ofcom y extender su alcance a este tipo de servicios.

Qué servicios de streaming estarán sujetos a las nuevas normas

El plan del Gobierno británico fija un umbral claro: las plataformas con más de 500.000 usuarios en Reino Unido quedarán cubiertas por el nuevo marco. En la práctica, esto incluye a los grandes actores internacionales del sector, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, así como otros servicios que alcancen esa base de usuarios en el país.

El objetivo es que estos servicios se integren en el código de radiodifusión de Ofcom, colocándolos en una situación equiparable a la de las cadenas generalistas. No se trata solo de contenido informativo, sino también de cómo se protege a los espectadores frente a materiales potencialmente perjudiciales u ofensivos.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo subraya que la medida busca crear condiciones de competencia más equilibradas entre radiodifusores tradicionales y plataformas digitales. Hasta ahora, las televisiones debían cumplir con obligaciones que sus rivales en internet podían esquivar gracias a su distinta forma de distribución.

Con este cambio, las grandes plataformas internacionales que operan en territorio británico pasarán a tener que responder ante el regulador de manera similar a los canales nacionales, algo que podría servir de referencia para otros países europeos que estudian fórmulas parecidas.

Imparcialidad informativa y protección frente a contenidos dañinos

Uno de los ejes centrales de la reforma es la exigencia de rigor e imparcialidad en los contenidos informativos. Las plataformas incluidas en el nuevo marco deberán garantizar que las noticias que difunden sean precisas, verificables y presentadas sin sesgos indebidos, siguiendo parámetros similares a los que ya se aplican a la BBC u otras cadenas.

Además, el código de Ofcom establece que la audiencia debe estar protegida frente a material dañino u ofensivo, especialmente cuando pueda afectar a colectivos vulnerables como los menores. Esto abarca desde la clasificación por edades y los avisos de contenido hasta la manera de presentar temas sensibles, como muestran casos de cierre de canales por trailers falsos creados con IA.

El nuevo régimen regulatorio permitirá a Ofcom recibir e investigar las quejas de los usuarios sobre el contenido alojado en estas plataformas. Si el regulador determina que ha habido una infracción de las normas, podrá imponer medidas correctoras para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

Entre las herramientas a disposición de Ofcom se contemplan sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 250.000 libras por infracción, una cantidad que pretende disuadir a las plataformas de ignorar las obligaciones marcadas por la normativa.

En paralelo, el Gobierno insiste en que el enfoque no pretende censurar contenidos legítimos, sino alinear las reglas del juego en materia de seguridad y responsabilidad editorial, de forma que el espectador reciba un nivel de protección coherente con independencia de la pantalla o el servicio que utilice.

Accesibilidad: subtítulos, audiodescripción y lengua de signos

Otro de los pilares de la reforma británica se centra en la accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. El Ministerio de Cultura, Medios y Deportes propone la creación de un nuevo código específico que fijará unos mínimos obligatorios para todas las plataformas incluidas en el marco regulatorio.

Según las directrices anunciadas, los servicios de streaming deberán garantizar que al menos el 80 % de su catálogo esté subtitulado, una medida clave para las personas con problemas de audición, pero también útil para quienes consumen contenidos en entornos donde no pueden activar el sonido.

Además, las plataformas estarán obligadas a ofrecer audiodescripción en, como mínimo, el 10 % de sus títulos, de manera que los usuarios con dificultad o pérdida total de visión puedan seguir lo que ocurre en pantalla mediante narraciones adicionales.

El paquete se completa con la exigencia de que un 5 % del catálogo incorpore interpretación en lengua de signos, facilitando que las personas sordas signantes puedan acceder a más contenidos en condiciones de igualdad.

Para el Gobierno británico, estas obligaciones suponen un paso importante para que todas las personas puedan disfrutar de un mayor volumen de contenidos sin barreras, y también envían un mensaje al conjunto del sector audiovisual europeo sobre la importancia de la accesibilidad como derecho básico.

Un cambio de modelo que puede marcar tendencia en Europa

La decisión de Reino Unido se enmarca en un debate más amplio sobre cómo deberían regularse las grandes plataformas de vídeo en Europa. Aunque cada país mantiene sus propias leyes, la creciente armonización a través de directivas comunitarias ha abierto la puerta a marcos más homogéneos.

En la práctica, la medida británica muestra que un Estado puede aplicar un nivel de exigencia similar a la televisión tradicional también en el entorno digital, sin impedir la innovación ni la competencia, pero elevando el listón de protección de los ciudadanos.

Para mercados como el español, donde también existe preocupación por la expansión de los servicios bajo demanda y su impacto en las cadenas nacionales, el caso británico puede servir como referencia a la hora de diseñar o revisar la normativa audiovisual, teniendo en cuenta debates sobre los 17 días para las películas de Warner Bros.

Además, la apuesta por reforzar la accesibilidad encaja con las prioridades de la Unión Europea, que desde hace años impulsa leyes dirigidas a garantizar que los servicios digitales sean utilizables por el mayor número posible de personas, incluidas aquellas con discapacidad.

En un contexto en el que el consumo digital no deja de crecer, la iniciativa de Reino Unido podría acelerar el debate en otros países europeos sobre la necesidad de dar más poder a los reguladores y extender la lógica del servicio público al ecosistema de las plataformas globales.

Con este giro regulatorio, el Reino Unido intenta adaptar su marco audiovisual a la realidad actual: un entorno en el que el streaming ha dejado de ser algo complementario para convertirse en el centro del ocio en millones de hogares, y en el que se considera imprescindible que la protección de la audiencia, la imparcialidad informativa y la accesibilidad se apliquen con la misma firmeza tanto en la televisión convencional como en los servicios a la carta.

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