La industria tecnológica está viviendo un giro de guion digno de una superproducción de Hollywood. OpenAI, la entidad detrás del archiconocido ChatGPT, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha dejado a más de uno con la boca abierta: ofrecer al Gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en su estructura empresarial. Sam Altman, el rostro más visible de la firma, ha mantenido conversaciones directas con la administración de Donald Trump para explorar esta vía, que busca estrechar lazos con Washington en un momento donde la regulación de la inteligencia artificial está en el centro de todas las miradas.
Esta maniobra no es solo una cuestión de diplomacia corporativa, sino que se presenta como una estrategia para que los beneficios económicos derivados del auge de la IA lleguen directamente al bolsillo de los ciudadanos. La idea, que ya se está comentando en los pasillos del poder en EE.UU., es crear una especie de fondo soberano de inversión que gestione estas acciones. Aunque pueda parecer algo lejano para nosotros en Europa, este movimiento marca un precedente global sobre cómo los estados podrían empezar a tutelar de forma más directa a las empresas que están definiendo el futuro de la tecnología y el mercado laboral.
Un pastel de miles de millones sobre la mesa de Trump
Si echamos mano de la calculadora, los números son mareantes. Teniendo en cuenta la valoración actual de OpenAI, ese 5% del que se habla tendría un valor aproximado de 42.600 millones de dólares. Altman no solo ha lanzado la propuesta al aire, sino que ha llevado el tema ante figuras clave como el secretario de Comercio y el del Tesoro. El objetivo es claro: demostrar que la inteligencia artificial no es solo un negocio para unos pocos privilegiados en Silicon Valley, sino un motor de crecimiento que puede beneficiiar a toda la nación mediante un modelo de propiedad pública.
Lo curioso es que OpenAI no quiere ser la única en este barco. La propuesta sugiere que otros gigantes del sector, como Anthropic, Google o Meta, también cedan un porcentaje similar de su capital. De momento, estas compañías se mantienen a la expectativa y no han mostrado un entusiasmo desbordante por la idea. Sin embargo, en un entorno donde la presión por el control político de la IA es cada vez mayor, esta cesión voluntaria de acciones podría ser una forma inteligente de evitar regulaciones mucho más agresivas o incluso posibles bloqueos de seguridad nacional.
El espejo de Alaska y el precedente de Intel
Para entender qué pretenden exactamente, hay que fijarse en el Fondo Permanente de Alaska, que reparte beneficios del petróleo entre sus habitantes. OpenAI aspira a algo parecido, donde los ingresos de la IA se reinviertan en la sociedad. Este enfoque de capitalismo de Estado en el sector tecnológico ya tiene un antecedente cercano: la entrada del Gobierno estadounidense en Intel con casi un 10% de participación a través de la Ley CHIPS. Parece que la administración Trump le ha cogido el gusto a esto de ser socio de las grandes tecnológicas para asegurar la soberanía nacional frente a competidores como China.
En el viejo continente, este tipo de movimientos se observan con lupa. Mientras que en Europa solemos apostar por marcos regulatorios estrictos como la Ley de IA, ver a EE.UU. tomando posiciones directas en el accionariado de estas empresas cambia las reglas del juego. La medida podría facilitar el camino de OpenAI hacia su esperada salida a bolsa, al contar con el respaldo explícito de la Casa Blanca, algo que sin duda daría mucha tranquilidad a los inversores internacionales y ayudaría a despejar las dudas sobre el impacto ético y social de sus modelos.
Un control férreo antes de los lanzamientos
No todo es dinero y dividendos; la seguridad juega un papel fundamental en este posible acuerdo. Recientemente, hemos visto cómo el Gobierno ha intervenido en el lanzamiento de nuevos modelos, obligando a empresas como Anthropic a pausar sus desarrollos por riesgos de seguridad nacional. OpenAI, por su parte, ya ha empezado a colaborar de forma más estrecha con las autoridades, permitiendo que organismos federales revisen sus herramientas, como ocurrió con la versión limitada de GPT-5.6, antes de que lleguen al gran público para evitar vulnerabilidades críticas.
Aunque las negociaciones todavía están en una fase muy temprana y necesitarían el visto bueno del Congreso, la intención de Altman es clara. Al proponer que el Estado sea socio, OpenAI busca protegerse ante un clima político cada vez más complejo donde los ciudadanos temen perder sus empleos por la automatización. Al final del día, se trata de tejer una red de seguridad política que permita a la empresa seguir innovando a gran velocidad sin tener que estar constantemente en el punto de mira de los reguladores o de coaliciones de fiscales generales.
La propuesta de ceder parte del control a Washington es un movimiento audaz que podría transformar la relación entre las tecnológicas y el poder político. Al integrar al Gobierno como accionista, OpenAI no solo busca estabilidad regulatoria ante su futura IPO, sino que también intenta legitimar socialmente su modelo de negocio al prometer un reparto de la riqueza generada por sus algoritmos. Si este plan llega a buen puerto y se extiende a otras compañías del sector, podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo paradigma donde el éxito de la inteligencia artificial esté directamente ligado al beneficio económico de los ciudadanos, marcando un camino que, sin duda, servirá de referencia para las futuras políticas tecnológicas en todo el mundo.